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El juicio del 'caso de los sobresueldos', el último de los pleitos por juzgar de la veintena que instruyó en Castro Urdiales, entre 2007 y 2015, el magistrado Luis Acayro Sánchez, comienza a celebrarse este próximo jueves en la Sección Primera de la ... Audiencia Provincial con las cuestiones previas. Entre los acusados figuran los exregidores castreños Rufino Díaz Helguera (1991-2003), Fernando Muguruza (2003-2011) e Iván González (2011-2015), para los que la Fiscalía de Cantabria solicita una pena de nueve años de cárcel y 27 de inhabilitación para los dos primeros y cinco años de prisión para el tercero por un delito continuado de malversación de fondos públicos y otro de prevaricación.
Además, el fiscal pide cinco años de cárcel, también por malversación de fondos públicos, para los exconcejales José Miguel Rodríguez 'KyK', Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Agustín Fernández, Arantza Gorriarán, Pedro Quintana, Elisa Dopico y Agapito Pastor, y para el funcionario municipal Gregorio Alcedo, mientras que para el otro funcionario encausado, Pedro Luis Arroyuelos, solicita nueve años de prisión. Además, pide una multa de 1.800 euros para el exsecretario municipal, César Saiz, por presunta prevaricación.
Este juicio se va a celebrar nueve años después de que el magistrado Acayro Sánchez cerrara la instrucción. Según recoge el fiscal en su escrito provisional de conclusiones, «a sabiendas de su ilegalidad», el exalcalde Díaz Helguera llevó a cabo una contratación con un «criterio personalísimo y opaco» allí donde el orden jurídico imponía el máximo de objetividad y transparencia, en doble garantía de la calidad de la elección y de la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público (igualdad, mérito, capacidad y publicidad), «mediante una anulación sistemática, consciente y voluntaria de los controles de legalidad, contratando a su libre albedrío al personal del Ayuntamiento».
Además, el representante de la Fiscalía sostiene que el exalcalde socialista mantuvo una situación generalizada de interinidad, «con ánimo de obtener beneficios personales y patrimoniales, colocando en puestos esenciales y especialmente sensibles en la Administración local a personal designado por él, sin ningún tipo de concurrencia, manteniéndolos o promocionándolos en su cargo pese a los numerosos informes de la Intervención municipal, a los que intencionadamente hizo caso omiso».
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