El Supremo deliberará el 2 de julio sobre el recurso de la condenada por decapitar a su novio en Castro Urdiales

Fue en diciembre de 2022, cuando el magistrado Agustín Alonso consideró a Merino autora de un delito de homicidio con la agravante de parentesco, en base al veredicto emitido un mes antes por el jurado popular, que descartó el asesinato, obligando a la Fiscalía y a la acusación particular a rebajar su petición de pena hasta los 15 años de cárcel, el máximo por este delito (antes del veredicto pedían 25 años y prisión permanente revisable, respectivamente). Por estos hechos, la acusada tendrá que indemnizar en concepto de responsabilidad civil a Andrés Baranda (hermano del finado), con 18.000 euros, y a los hijos del finado con 20.000 a cada uno.

Mientras que el fiscal y la acusación particular se conformaron con esta resolución, la defensa decidió recurrir en apelación ante el TSJC. El abogado de Merino pedía su absolución o, subsidiariamente, que se la condenara como cómplice del delito de homicidio. Para ello, se basaba en la falta de pruebas sobre la causa de la muerte de la víctima -cuyo cráneo apareció en un paquete que la sospechosa entregó a una amiga para que se lo guardase- y sobre la autoría del homicidio. Sin embargo, el Tribunal Superior desestimó el recurso, descartando que se hubiese vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, tal y como sostenía la defensa.

El tribunal afirmó que «todos los indicios apuntan en la misma dirección: se trata de una muerte violenta, hipótesis que está dotada de un grado de confirmación prevaleciente respecto de la hipótesis que plantea el recurso». Y añadió: «No puede darse lugar a que una idea especulativa como la planteada en el recurso, que la muerte pueda ser natural o accidental, se presente como una probabilidad razonable», dado que «las especulaciones son posibilidades que no se basan en la razón».