El Supremo rechaza una reclamación de 13,7 millones de una constructora a Castro

Esta resolución, por la que se condena a la constructora a pagar 245.000 euros en costas al Ayuntamiento, fue dada a conocer ayer por CastroVerde y se produce nueve meses después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), rechazara, en apelación, y por segunda vez, la reclamación de esta constructora.

Y es que fue en julio de 2019, cuando el titular del Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Santander, Luis Acayro Sánchez, -que ordenó paralizar las obras de esta constructora durante su etapa como instructor en Castro- emitió una primera sentencia denegatoria en la que indicaba que no que concurría la necesaria relación de causalidad para exigir responsabilidad patrimonial a la Administración. El magistrado señaló que el recurrente «no es perjudicado de los delitos que han sido objeto de enjuiciamiento en el Juzgado de lo Penal nº 3 y no consta que se le hiciera ofrecimiento de acciones. Antes, al contrario, la exoneración de responsabilidad penal lo fue sólo por prescripción tal y como se recoge en la resolución de la Audiencia Provincial de Cantabria y recuerda en su dictamen el Consejo de Estado. Al respecto, de la documental valorada se entendió que concurrían indicios de manipulación del proyecto de reparcelación, pero la responsabilidad penal habría prescrito. De hecho, el único perjudicado ha sido el Ayuntamiento de Castro».

Acayro apuntaba también que Castrum Varduliex obvió que «también hubo una paralización administrativa posterior al período ahora reclamado por infracciones relativas a la urbanización y la edificación que han quedado acreditadas». En enero de este año, el TSJC ratificó esta sentencia del juez al rechazar todos los argumentos en los que la constructora basó su recurso de apelación.

«CastroVerde agradece la buena defensa del caso por el letrado municipal con apoyo del departamento de Urbanismo realizada durante el periodo 2016-2019 (la formación ecologista gobernaba entonces el Ayuntamiento), cuyo trabajo ha posibilitado que las tres instancias judiciales ratifiquen la actuación urbanística llevada por el Ayuntamiento, librándole de una indemnización millonaria».

La formación ecologista recuerda que esta resolución se suma a otra similar que se produjo en la zona por otro promotor que reclamó 5,6 millones al Ayuntamiento, o la segunda reclamación de Ascán (adjudicataria del servicio de agua) de 2,7 millones, ambas desestimadas por el TSJC y precedidas -durante el mandato de CastroVerde- de «coordinación y trabajo en equipo entre los distintos departamentos municipales».