Susana Herrán asegura que el traslado de 'Lolín' «no es una decisión municipal»

Herrán sostiene que «el traslado de Conservas Lolín no es una decisión municipal» y que «va al margen de la modificación del Plan General para cambiar el uso de la parcela de industrial a comercial y poder instalar un centro comercial». «Si no se traslada es porque no quiere», recalca.

Frente a esto, el gerente de Conservas Lolín, Jesús Gutiérrez, explica que el convenio urbanístico suscrito con el Ayuntamiento de Castro se realiza por la «delicada» situación en la que se encuentra la empresa. «Nosotros hacemos el centro comercial y con eso pagamos a los acreedores, en este caso los bancos, y nos vamos al polígono de Vallegón. De otra forma no podríamos hacerlo. No vamos a Vallegón por un capricho mío o de la conservera, sino por necesidad».

Gutiérrez asegura que la compañía se tiene que «reestructurar». «Para ir a Vallegón hay que vender el edificio para sacar activos y pagar el pasivo, y seguir así con la actividad y el compromiso de que todos los trabajadores sigan en la fábrica». «Vimos que para seguir adelante esta era la opción y los bancos nos dijeron que adelante. Pero si no sale adelante el convenio nos dirán que 'se acabó la fiesta'».

Ante la acusación de retrasar de forma maliciosa la tramitación de este asunto, la alcaldesa de Castro explica que «la aprobación de la modificación del PGOU se llevará a cabo siempre y cuando los informes correspondientes aclaren de forma nítida la situación». En este sentido, Herrán asegura que los informes recibidos tanto de la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) y de Costas, que son favorables a la aprobación definitiva de esa modificación del PGOU, «hacen referencia a la advertencia que hace la Confederación Hidrográfica de que se trata de una zona inundable» y deja claro, según la regidora, que «hasta que esta situación no esté aclarada por los informes municipales no será posible llevarlo a pleno a pesar de las presiones y faltas a la verdad del PRC».

Finalmente, más allá de los aspectos anteriores, la alcaldesa de Castro quiere recordar que «el Ayuntamiento y el pleno municipal, aunque como concejal debería saberlo, no deben usarse para subsanar la gestión privada». La alcaldesa y su equipo de gobierno «se apoyan en los informes técnicos adjuntos para cumplir estrictamente la legalidad».

Junto a la nota de prensa que remitió ayer la alcaldesa para contestar a las acusaciones del PRC, se adjuntaron los informes de la Confederación Hidrográfica, la Crotu y Costas, que en todos los casos son favorables. Sin embargo, la secretaria municipal ha emitido otros dos informes (uno el 2 y el último el 19 de diciembre) en los que pide una serie de aclaraciones.

En el primero, propone la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU, «previa verificación por los servicios técnicos del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en su informe sectorial de 25 de septiembre de 2019 y de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en su informe de 6 de septiembre de 2018». «Respecto de este último se estima conveniente pedir aclaraciones a la Crotu, al ser el órgano competente en materia de Ordenación territorial».

En el segundo informe, que fue remitido ayer por la Alcaldía, la secretaria insiste en la necesidad de completar el expediente con informe de la Crotu «aclarando la compatibilidad de los usos propuestos y aportando la autorización de la Confederación para concesión al Ayuntamiento del pozo de agua (situado en la parcela de Lolín) tal y como establece el informe de la Confederación». «Siendo recomendable a juicio de esta informante que el texto definitivo de la modificación puntual recoja los condicionamientos que los servicios técnicos entiendan oportunos al tratarse de una zona inundable en zona de flujo preferente».