La técnico de Castro Yolanda Sánchez afirma que el juez de 'La Loma' la imputó por negarse a hacer una pericial

Yolanda Sánchez ha declarado, tal y como recoge Europa Press, después del exarquitecto municipal Pedro Restegui, igualmente acusado de un presunto cohecho por la Fiscalía y en este caso también por la Junta Vecinal de Santullán, quien ha negado tal acusación asegurando que «nunca» pidió ni recibió dinero de promotores inmobiliarios por su trabajo en el Ayuntamiento de Castro Urdiales.

Ambos acusados se han acogido a su derecho a no declarar y han respondido únicamente a las preguntas de sus respectivos abogados, Carmen Sánchez Morán en el caso de Yolanda Sánchez, y Andrés de Diego -decano del Colegio de Abogados- en el caso de Pedro Restegui.

Previamente, las defensas han trasladado al magistrado Agustín Alonso, presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, su protesta formal, con vistas a un ulterior recurso de casación, por la desestimación de las cuestiones previas solicitadas -la expulsión de la Junta Vecinal de Santullán como acusación particular por falta de legitimación y la nulidad del procedimiento por irregularidades en la instrucción-.

En su nuevo escrito tras retirar los cargos a 39 de los 45 acusados iniciales, la Fiscalía mantiene que Pedro Restegui y Yolanda Sánchez, junto a otros dos acusados de presunto cohecho -el exsecretario municipal, César Sainz, y el exalcalde Rufino Díaz Helguera, que declara este jueves-, recibieron «contraprestaciones económicas por su colaboración en la aprobación de resoluciones municipales contrarias a Derecho; y recibieron de particulares afectados distintas cantidades de dinero por realizar actos propios de sus respectivos cargos».

Para Pedro Restegui, que ejerció funciones de arquitecto municipal entre 1997 y 2005, la fiscal del caso, Pilar Santamaría, pide cuatro años de prisión por delito continuado de cohecho, inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años y multa de 1,8 millones de euros. Para Yolanda Sánchez solicita la misma pena de cárcel e inhabilitación y 442.336 euros de multa.

«Estoy aquí sentada porque no realicé una pericial», ha declarado Yolanda Sánchez, técnico de administración general (TAG) desde el año 2007 y anteriormente administrativa en el Ayuntamiento de Castro, quien ha relatado que «después de varios años de instrucción, de una auténtica causa general y de levantar todas las alfombras», el juez instructor «ningún hecho irregular me atribuyó porque nada había», informa E. Press

Ha explicado que Acayro Sánchez le encargó una pericial que se negó a realizar porque «el juez quería dirigirmela». «Le dije que lo consideraba ilegal», ha añadido, y que era «incompatible» que una funcionaria realice una pericial al ayuntamiento para el que trabaja porque su objetividad se vería cuestionada.

Según ha relatado, Acayro Sánchez le advirtió que «o hacía la pericial o me imputaba, y cuando después de esperar varios meses, comprobó que mi negativa era cierta y que no la iba a hacer, me dijo que me iba a enterar, y vaya si me he enterado». Yolanda Sánchez ha realizado estas afirmaciones en la parte final de su declaración, cuando el presidente de la sala le ha preguntado si quería añadir algo más al margen de las preguntas de su abogada.

Sánchez ha explicado que tras su ascenso a TAG en el año 2007, realizó dos informes que le solicitó el alcalde en 2008 en los que advirtió de incumplimientos de ordenación y planeamiento por parte de la promotora de las obras en el sector 1 del SUNP3. Esta empresa compró en el año 2002 en ese sector dos fincas de una clienta que Yolanda Sánchez tenía como abogada años antes, cuando su plaza de administrativo le permitía compatibilizar su trabajo en el Ayuntamiento con la abogacía.

Ha relatado que preparó el contrato de opción de compra de esas dos fincas en el año 1999, entre su clienta y dos compradores que «no estaban interesados en construir sino en vendérselas a un tercero pasa sacar rentabilidad económica, lo que comúnmente se conoce como dar el pase», y que en el año 2002 cedieron la escritura a esa promotora, formalizándose la compraventa sin su participación.

Yolanda Sánchez ha explicado que fue entonces cuando su clienta le pagó con un cheque nominativo los honorarios que la debía del contrato de opción de compra de 1999 y de servicios anteriores, por importe de 72.000 euros. Sobre un ingreso de 132.000 euros de julio de 2001, ha respondido que proviene de «ingresos lícitos obtenidos en el ejercicio legítimo y lítico de la abogacía autorizado por el Ayuntamiento de Castro Urdiales».

Por su parte, Restegui ha declarado a preguntas exclusivas de su abogado que no hizo ningún trabajo profesional por libre en Castro porque era «incompatible» con su trabajo en el Ayuntamiento; que informó algunos licencias de obra y primera ocupación de algunas viviendas y del colegio, y que sus informes se limitaban a la edificación porque la urbanización correspondía al departamento de ingeniería.

Sobre los 240.000 euros en metálico incautados en su despacho, ha declarado que correspondían a trabajos profesionales de proyectos de particulares y algún informe pericial, visados por el Colegio de Arquitectos y liquidados ante la Agencia Tributaria.