Tres exalcaldes de Castro Urdiales serán juzgados en noviembre de 2024 por el 'caso de los sobresueldos'

Será del 14 de noviembre al 19 de diciembre de 2024 cuando la Sección Primera de la Audiencia Provincial juzgue a los exregidores castreños, Rufino Díaz Helguera (1991-2003), Fernando Muguruza (2003-2011) e Iván González (2011-2015). La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de 9 años de cárcel y 27 de inhabilitación para los dos primeros y 5 años de prisión para el tercero por un delito continuado de malversación de fondos públicos y otro de prevaricación.

Además, el fiscal pide 5 años de cárcel, también por malversación de fondos públicos, para los exconcejales José Miguel Rodríguez 'KyK', Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Agustín Fernández, Arantza Gorriarán, Pedro Quintana, Elisa Dopico, Agapito Pastor, y para el funcionario municipal Gregorio Alcedo, mientras que para el otro funcionario encausado, Pedro Luis Arroyuelos, solicita 9 años de prisión. Además, pide una multa de 1.800 euros para el exsecretario municipal, César Saiz, por presunta prevaricación.

Este juicio se va a celebrar nueve años después de que el magistrado Acayro Sánchez cerrara la instrucción.

Según recoge el fiscal en su escrito provisional de conclusiones, «a sabiendas de su ilegalidad», el exalcalde Díaz Helguera llevó a cabo una contratación con un «criterio personalísimo y opaco» allí donde el orden jurídico imponía el máximo de objetividad y transparencia, en doble garantía de la calidad de la elección y de la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público (igualdad, mérito, capacidad y publicidad), «mediante una anulación sistemática, consciente y voluntaria de los controles de legalidad, contratando a su libre albedrío al personal del Ayuntamiento».

Además, el representante de la Fiscalía sostiene que el exalcalde socialista mantuvo una situación generalizada de interinidad, «con ánimo de obtener beneficios personales y patrimoniales, colocando en puestos esenciales y especialmente sensibles en la Administración local a personal designado por él, sin ningún tipo de concurrencia, manteniéndolos o promocionándolos en su cargo pese a los numerosos informes de la intervención municipal, a los que intencionadamente hizo caso omiso».

Respecto al exalcalde Muguruza, el fiscal asegura que «mantuvo las contrataciones ilegales previas y realizó otras sin proceso selectivo alguno y sin concurrencia alguna, pese a los reiterados informes de intervención y de la técnico de Recursos Humanos, extendiéndose la contratación totalmente arbitraria, en relación a la Residencia Municipal y al servicio de extinción de incendios».

Gran parte de las contrataciones del personal laboral realizadas por Díaz Helguera fueron hechas, según el fiscal, «sin concurrencia alguna y de manera fraudulenta» por el tipo de contratación efectuado, dado su contenido reservado a funcionarios, teniendo como finalidad que dichas personas ocuparan puestos clave en el organigrama municipal, «y en otros casos se colocaba a funcionarios de grupo o titulación de categoría profesional inferior al puesto a ocupar, teniendo una evidente influencia sobre los mismos».

Como ejemplos, el representante del Ministerio Público destaca la contratación y designaciones realizadas en materia urbanística, gestión de ingresos, recaudación y personal, como la plaza de arquitecto e ingeniera municipal, la de responsable de Contratación, la de ingeniero agrónomo... Pero no solo eso, ya que esta «forma arbitraria de contratación también afectaba a la contratación de personal laboral, donde figuran hasta una treintena de contrataciones directas sin proceso selectivo alguno».

Por otro lado, el fiscal señala que el exalcalde Muguruza y la exedil Dopico realizaron 35 contrataciones directas en la Residencia municipal «sin superar proceso selectivo, al margen de la legalidad, vulnerando los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad, llegando a realizar contrataciones que no existían en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo)».

En el servicio de extinción de incendios, antiguo Sepisma, ocurrió algo similar, según la Fiscalía. «Las contrataciones se realizaron al margen de la legalidad pese a los 35 reparos del interventor».

Esa supuesta actuación arbitraria también se produjo, a juicio del fiscal, cuando Díaz Helguera y Muguruza aprobaron mediante decretos de Alcaldía, «a sabiendas de su ilegalidad», conceptos retributivos de forma generalizada, «como complementos salariales que no existen en la legislación, así como injustificados a favor de funcionarios y del personal laboral, complementos personales transitorios, bolsa de Navidad, Coso Blanco...».