El Tribunal de Cuentas abre juicio contable por la gestión del PSOE en la Junta de Mioño

Al menos así se recoge en una providencia notificada este lunes, en la que se les concede nueve días a ambos -así como al Ministerio Fiscal y al actual representante de la Junta Vecinal, Asier Laforga (PRC)- para que comparezcan en autos, personándose en forma en el procedimiento. Esto supone que deben nombrar un abogado y procurador. Eso, si no deciden interponer recurso de reposición, en el plazo de cinco días, ante la consejera de Cuentas, que es quien emite la resolución.

Cabe recordar que la millonaria deuda que ahogaba a la pedanía de Mioño fue la que llevó hace dos años al actual pedáneo a recurrir al Tribunal de Cuentas para que determinase si hay responsabilidad contable por la gestión de sus predecesores en el cargo.

En un escrito que dirigió en 14 de octubre de 2020 al Juzgado de lo Contencioso Nº 2 de Santander, donde se tramitaban dos reclamaciones de dos entidades, la Junta Vecinal señalaba que «la falta de atención y cumplimiento de las sentencias dictadas desde 2012 produce unos daños a la Junta por intereses y costas de ejecución». Además, aseguraba que la deuda contraída con el Ayuntamiento de Castro Urdiales «se ha duplicado» (ha pasado de 584.492 a 1.031.310 euros), en razón de la «falta de cumplimiento de pago y la inactividad de los gestores de la Junta», para cumplir con las obligaciones para con el Ayuntamiento: desde la inicial falta de justificación del destino y uso de la subvención (del canon del agua) o de las condiciones impuestas para su percibo, hasta la falta de atención al pago, la petición de aplazamiento o cualquier actuación, incluso con disposición de los bienes de la Junta que posibilitase eludir la ejecución forzosa y los recargos e intereses que conlleva.

Laforga entendía que «de determinarse la responsabilidad personal en relación a la deuda más importante de la Junta y que, según el propio interventor lastra las posibles soluciones a los acreedores de estos procedimientos, la situación económica de la Junta será otra».

Según señaló el pedáneo, en el informe de revisión de los ejercicios 2007 a 2011 de la Junta «no figura documentación contable de ingresos, ni estado de ejecución presupuestaria, cuentas anuales o similar, por lo que no es posible recoger un cuadro de evolución de su contabilidad en los ejercicios comprobados».

Es más, Laforga aseguraba, pese a lo que señaló el interventor de Juntas Vecinales, que desconocía cuál es el presupuesto de aplicación, «ya que no consta cuál es el último que se aprobó y que dice el interventor que está prorrogado». «Ni existe documentada una previsión real de ingresos, ni se tiene exacta constancia de las deudas y obligaciones reales de la Junta Vecinal», denunció entonces.