El Tribunal de Cuentas no ve delito en la rescisión del convenio entre Castro y Eroski

El órgano fiscalizador no ha apreciado un «daño a los fondos públicos» con motivo de la actuación del equipo de gobierno castreño (PSOE-Cs), a pesar de que Gutiérrez defendía que los 84.000 euros que el Ayuntamiento ha recibido por parte de la empresa no cubrían el perjuicio que suponía para el municipio el hecho que Eroski no construyera los cines y el centro comercial tal y como se recogía en el convenio suscrito en el año 2001.

Cabe recordar que el pasado 10 de diciembre, el PRC castreño sacó adelante, con el apoyo de CastroVerde y gracias a las abstenciones de PP y Podemos (el bipartito PSOE-Cs votó en contra), una propuesta para que la alcaldesa dejara sin efecto de forma inmediata el decreto del concejal de Urbanismo, Alejandro Fernández (PSOE), por el que declara cumplido el convenio.

Los regionalistas defendían que fruto del cumplimiento del convenio por el Ayuntamiento, el valor del aprovechamiento se cifraba por los tribunales, en 2007, en la cantidad de cerca de 9 millones de euros (el 10% se valoró en cerca de 900.000 euros), ante lo que declarar cumplido el acuerdo a cambio de 84.000 euros pudiera conllevar, presuntamente, «un grave quebranto para la hacienda local».

El acuerdo plenario suponía que el Ayuntamiento tenía que remitir el expediente al Tribunal de Cuentas para garantizar, en su caso, la indemnidad de las arcas públicas, y asegurar, si procede, la responsabilidad de los concejales y funcionarios que pudieran haber participado. Posteriormente, el líder del PRC presentó una segunda denuncia sobre los mismos hechos en la que concretaba que se declaró el cumplimiento del convenio «sin realizar unas obras inicialmente previstas que causaron una daño a los fondos públicos municipales de 7,2 millones de euros». «Eso se habría evitado si en lugar de dictarse el referido decreto el Ayuntamiento hubiese acordado la resolución del convenio por culpa de la empresa, exigiendo la devolución de las prestaciones realizadas y si esto no fuera posible, la devolución de su equivalente económico más los daños y perjuicios».

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas –después de que la Fiscalía solicitara el archivo de las actuaciones– concluye que el perjuicio a los fondos públicos que denuncia el líder del PRC «no reúne los caracteres exigidos en la ley». Es decir, «los daños determinantes de la responsabilidad deberán ser efectivos, evaluables económicamente e individualizados en relación a determinados caudales o efectos. En el presente caso, los daños que se denuncian no son efectivos, sino meramente hipotéticos pues su existencia y cuantía dependen, según el mismo escrito de denuncia, de valoraciones sobre lo que el Ayuntamiento habría debido percibir si hubiese actuado de otra manera que carecen de suficiente sustento y que, por lo demás, este Tribunal de Cuentas no puede entrar a enjuiciar».