El Tribunal de Cuentas investigará la gestión del PSOE en la Junta de Mioño

En auto al que ha tenido acceso El Diario Montañés, la consejera de Cuentas, María Antonia Lozano, señala que los hechos que han dado lugar a la presente causa «pudieran ser constitutivos de un supuesto de responsabilidad contable por alcance», elevando las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor. Todo ello tras haberlo solicitado formalmente tanto el Ministerio Público como la Junta Vecinal de Mioño.

Cabe recordar que la millonaria deuda que ahoga a la pedanía de Mioño -supera el millón y medio de euros- ha sido la que ha llevado al actual presidente de la Junta Vecinal, Asier Laforga (PRC), a recurrir al Tribunal de Cuentas para que determine si hay responsabilidad contable por la gestión de sus predecesores en el cargo.

En un escrito que dirigió el pasado 14 de octubre al Juzgado de lo Contencioso Nº 2 de Santander, donde se tramitan dos reclamaciones de dos entidades, la Junta Vecinal señalaba que «la falta de atención y cumplimiento de las sentencias dictadas desde 2012 produce unos daños a la Junta por intereses y costas de ejecución». Además, aseguraba que la deuda contraída con el Ayuntamiento de Castro Urdiales «se ha duplicado» (ha pasado de 584.492 a 1.031.310 euros), en razón de la «falta de cumplimiento de pago y la inactividad de los gestores de la Junta», para cumplir con las obligaciones para con el Ayuntamiento: desde la inicial falta de justificación del destino y uso de la subvención (del canon del agua) o de las condiciones impuestas para su percibo, hasta la falta de atención al pago, la petición de aplazamiento o cualquier actuación, incluso con disposición de los bienes de la Junta que posibilitase eludir la ejecución forzosa y los recargos e intereses que conlleva.

Laforga entiende que «de determinarse la responsabilidad personal en relación a la deuda más importante de la Junta y que, según el propio interventor lastra las posibles soluciones a los acreedores de estos procedimientos, la situación económica de la Junta será otra».

Según señala el pedáneo, en el informe de revisión de los ejercicios 2007 a 2011 de la Junta «no figura documentación contable de ingresos, ni estado de ejecución presupuestaria, cuentas anuales o similar, por lo que no es posible recoger un cuadro de evolución de su contabilidad en los ejercicios comprobados».

Es más, Laforga asegura, pese a lo que señala el interventor de Juntas Vecinales, que desconoce cuál es el presupuesto de aplicación, «ya que no consta cuál es el último que se aprobó y que dice el interventor que está prorrogado». «Ni existe documentada una previsión real de ingresos, ni se tiene exacta constancia de las deudas y obligaciones reales de la Junta Vecinal».

Ante esta situación, el pedáneo recuerda que ha solicitado a la alcaldesa de Castro la documentación de los estados contables anteriores a 2019, así como los libros de actas y decretos dado que en la Junta solo se encuentran hasta 2012. «No hemos tenido respuesta».

Laforga, que sostiene que la Junta Vecinal dispone, al menos, de 291.173 metros cuadrados de terrenos en el Plan Especial del Monte Cueto con los que podría afrontar sus deudas con sus acreedores y con el Ayuntamiento de Castro, dice que propuso en Junta disponer de ese bien, «pero el interventor se opuso mediante un informe verbal».

En julio del año pasado, la alcaldesa de Castro anunció que presentaría una querella criminal contra el pedáneo de Mioño «por delitos de injurias y calumnias», después de que el regionalista reclamara a la regidora las cuentas de la Junta Vecinal para evitar su disolución. Sin embargo, no se ha sabido nada al respecto.

Siete meses antes, Herrán aseguró que la gestión económica que está realizando Laforga es «nula» y que la situación económica en la que se encuentra actualmente la pedanía se debe «a la falta de pago de una empresa que adeuda a la pedanía 500.000 euros».