El TSJC condena a Castro a pagar 200.000 euros a una empresa de turismo por «daños morales»

Según recoge en la sentencia de primera instancia el titular del Juzgado de lo Contencioso Nº2, Luis Acayro Sánchez, esta reclamación surge como consecuencia de «injustificables dilaciones e irregularidades en la tramitación de las licencias solicitadas para la rehabilitación de la Casona Barón de Otañes y la indebida paralización de las obras, que les han ocasionado unos perjuicios que le han arruinado su vida». De hecho, esos problemas con la empresa, que tuvo que liquidarse, han provocado problemas de salud a los gestores del hospedaje rural, que llegaron a reclamar 1.791.772 euros, al entender que la tramitación realizada por la Administración ha sido consecuencia de un «funcionamiento anormal» ya que las obras estuvieron paralizadas durante algo más de tres años, aparte del año y nueve meses que se tardó en la concesión de la primera ocupación y apertura.

Para relatar todo lo que ha acontecido sobre este pleito hay que remontarse al año 2001, cuando lo demandantes adquirieron una casona en Otañes así como una huerta colindante con el objeto de convertirla en un complejo de turismo rural. En septiembre de 2005 solicitaron licencia de obras y de actividad que se les concedieron en 2006. Iniciadas las obras, se produjo un derrumbe parcial de un muro que motivó la apertura de un expediente de restauración de legalidad urbanística y otro sancionador, todo ello a raíz de una denuncia de la asociación Otro Castro es Posible, liderada por Juanchu Bazán, a la que la Audiencia Provincial obligó a rectificar una información publicada sobre esta obra.

Según se recoge en la sentencia, desde la incoación del expediente de restauración de la legalidad en 2008 hasta la resolución en 2009, la obra estuvo paralizada por «desidia municipal». En cuanto al expediente sancionador, se incoó el 16 de enero de 2008 y el 3 de junio de 2008 se les impuso una sanción de 300.506,05 euros a cada infractor (los gerentes).

Recurrido en sede judicial, el Juzgado anuló la sanción y declaró probado que los recurrentes habían adoptado todas las medidas necesarias para evitar el derrumbe, que todas las decisiones que tomaron se habían puesto en conocimiento de la Administración y que no se cometió infracción urbanística alguna. «En síntesis, las obras estuvieron paralizadas injustificadamente durante la tramitación del expediente», apunta el juez. Posteriormente, reanudadas las obras, el 21 de septiembre de 2009 los promotores solicitaron nueva licencia en relación al mirador, que obtuvo informe favorable del arquitecto municipal de 27 de enero de 2010 y licencia mediante Decreto de 29 de enero de 2010. Pero, a pesar de tener concedida la licencia, el 1 de febrero de 2010, la funcionaria Yolanda Sánchez emite un informe jurídico desfavorable a la licencia que motiva que el 4 de agosto de 2010 se revoque la licencia previamente concedida.

Sobre esta funcionaria, que también está acusada en el caso La Loma, el juez Acayro resalta en su sentencia las declaraciones de dos testigos. Uno que aseguró que «el abogado le dijo que hablase con Yolanda y todo se arregla por 12.000 euros». Y otro, Gutiérrez Olivares, técnico de administración general del Ayuntamiento de Castro, que declaró «que se comentaba que con Yolanda Sánchez se arreglaban las cosas», pero no entiende que no se denunciara, y que le consta que «cobraba complementos ilegales, que carecía de competencia para hacer los informes jurídicos en los expedientes urbanísticos, que ocupaba funciones superiores a su cargo, que los superiores y el alcalde lo consentían. Desde Intervención advirtieron de las ilegalidades».

Aceptado el recurso contra el informe desfavorable de esta funcionaria, en mayo de 2011 se le concede licencia a la promotora y termina las obras en julio de ese año, obteniendo la licencia de primera ocupación y apertura. Un año después tuvo que cerrar.