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Daniel Pedriza

El último adiós al Miramar

Vecinos y curiosos asisten a las obras de demolición del hotel que desaparecerá en una semana del paisaje de la ciudad tras once años de batalla judicial

Pilar Chato

Santander

Miércoles, 5 de febrero 2020, 18:25

Ahora sí, el hotel Miramar de Castro está a punto de desaparecer del paisaje del paseo marítimo y quedar solo en el recuerdo de viejas postales. Primero fue el interior. Desmontar poco a poco el interior, puertas, armarios, algunos elementos decorativos… testigos de su historia. Tras esto le llegó el turno al amianto. Este material peligroso había aparecido dentro de su estructura y había que eliminarlo para proceder al derribo con seguridad. Entonces tocó el turno de hombres con buzos y máscaras blancas para poder aislar este componente perjudicial para la salud. Hoy ha sido una gran pala la protagonista. Se ha acercado al edificio y ha empezado a morder el tejado. Terminar con las tres plantas llevará al menos una semana. La batalla judicial para evitar el derribo ha durado once años.

Los orígenes del Hotel Miramar de Castro Urdiales datan de la década de los cuarenta del siglo pasado, cuando el Ayuntamiento de Castro Urdiales construye este edificio aprovechando como obreros a los presos políticos y sin las autorizaciones correspondientes. Se trataba entonces de un balneario con vestuarios, baños de algas y un bar-restaurante que pretendía ser un lugar de descanso para los enfermos, con el estilo de arquitectura racionalista que había imperado a lo largo de las décadas de los 20 y los 30. El edificio se saca en 1956 a subasta y es adquirido por 310.000 pesetas por el castreño Ramón Peña Aznar, quien realizó obras de ampliación. Cuatro años después lo compró la familia Alonso. En 2008, el Gobierno declara la caducidad de la concesión al estarse utilizando el edificio como hotel y no como balneario. Es en ese momento cuando comienza la batalla de la familia Alonso por seguir con su negocio. En 2010, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el proyecto de demolición que, tras ser impugnado, fue confirmado por la Audiencia Nacional en 2013. Seis años después, el Supremo ratificó que había que derribar el hotel.

Hoy a las dos de la tarde han empezado los trabajos de demolición a cargo de la empresa Tragsa con un coste de 331.754 euros. El proyecto contempla la demolición del edificio y la ejecución de obras para dar continuidad al paseo marítimo existente en las mismas condiciones en las que se encuentra actualmente. La edificación se encuentra parcialmente dentro de la delimitación del dominio público marítimo-terrestre (606,22 m2), mientras que el resto (323,50 m2) ocupa una servidumbre de protección y de tránsito y se ubica en suelo urbano -sobre el paseo marítimo que discurre a lo largo de toda la playa de Brazomar-, de tal forma que una parte del paseo son los soportales del edificio, explica E. Press.

Una vez concluido el derribo, se acondicionará la zona que lleva meses vallada: se dará continuidad a la balaustrada, el paseo marítimo y las jardineras. El proyecto prevé que la zona nueva de paseo sea igual a la ya existente, respetando el deslinde marítimo-terrestre. Con el final de las obras podrán quitarse las vallas del perímetro, tanto en la zona de la playa, como en la carretera y el carril bici, recuperando la normalidad que tanto esperan los vecinos de la zona y aquellos que caminan por el frecuentado paseo marítimo.

El derribo del inmueble llega cuando se cumple casi un año (el 14 de febrero de 2019) desde que el Tribunal Supremo confirmó el acuerdo del Consejo de Ministros de septiembre de 2017 que declaró la utilidad pública y la expropiación y urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de demolición del hotel Miramar.

La Sala de lo Contencioso del TS desestimó el recurso interpuesto por el propietario del edificio, que acusaba a la Administración de «abuso de derecho y desviación de poder» por «dejar que se arruine el edificio para luego justificar una expropiación a la baja» y alegó que el precio ofrecido por la expropiación de su propiedad no se corresponde con el «valor real» del inmueble, que cifraba en 3,6 millones de euros «como mínimo». Ese justiprecio quedó fijado finalmente en 1.068.949 euros, incrementando el inicial que ascendía a 591.469.

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