El último caso del juez Acayro Sánchez en Castro

En este procedimiento están inmersos los exalcaldes de Castro Urdiales Rufino Díaz Helguera (1991-2003), Fernando Muguruza (2003-2011) e Iván González (2011-2015), seis exconcejales y un edil de la actual Corporación municipal castreña, así como dos exfuncionarios municipales. A todos ellos se les juzga por supuestas irregularidades en la contratación de personal funcionario y laboral en el Ayuntamiento castreño, así como el pago de retribuciones indebidas a funcionarios y personal laboral.

Como la mayoría de casos instruidos por Acayro Sánchez, la lista de acusados es amplia -hace cinco años el 'caso La Loma' sentó en el banquillo a 45 acusados, pero la Fiscalía redujo la lista a 13 y solo fueron condenados 3-, lo que conlleva que este juicio se prolongue durante, al menos, 16 sesiones. Mas allá de que uno de los acusados haya sido descartado por problemas de salud y otro, el exalcalde Rufino Díaz Helguera, haya planteado esta misma situación, este caso tiene otras particularidades.

Se da la circunstancia de que dos de los acusados son abogados y se sientan en estrados. Se trata de Agapito Pastor (exedil de Deportes), que no solo se defiende a sí mismo sino también a Díaz Helguera y a la exconcejala de Asuntos Sociales, Arantza Gorriarán; y de Agustín Fernández (exedil de Industria por el PP y actual concejal de Vox), que ejerce la defensa de la exedil de Festejos, Ana Zubiaurre, y está defendido en este caso por su pareja, la letrada Elena Larrea. Todo un galimatías.

Por si el caso no tuviese suficientes ingredientes ya, la primera sesión se tuvo que suspender parcialmente ante la incomparecencia de la acusada Elisa Dopico, que alegó motivos de salud para justificar su ausencia, según trasladó su abogado. El fiscal llegó incluso a pedir que se la pusiera en busca y captura, a lo que las defensas se opusieron.

A la espera de lo que depare este juicio, es importante echar la mirada atrás para ver qué balance deja hasta la fecha esa macroinvestigación que llevó a cabo Acayro Sánchez antes de trasladarse al Juzgado de lo Contencioso Nº2 de Santander.

Hasta el momento, diez de la veintena de causas que instruyó el magistrado -que archivó otros once procedimientos- han sido resueltas con condenas. De entre todas ellas, dos afectan a la exedil Elisa Dopico, que fue condenada a un año de prisión por el Juzgado de lo Penal Nº1, y a otros dos años más por el Penal Nº3, por amenazar por teléfono a una funcionaria-testigo en el 'caso Trapur' (adjudicación a dedo de trabajo de desratización en Castro), en el que fue condenada a otros seis meses. El exedil José Miguel Rodríguez López 'KyK' fue penado en esta causa a cinco años de inhabilitación.

En el 'caso Mioño' (adjudicación a dedo de los trabajos de acondicionamiento del túnel de Mioño y la instalación de un ascensor en el Mercado municipal), fueron condenados el exalcalde Muguruza y los exediles de Obras e Industria Salvador Hierro y Jaime Díaz Muro, respectivamente. La Audiencia estimó en parte los recursos del exalcalde y Díaz Muro, que finalmente fueron inhabilitados tres años y seis meses. El exalcalde Muguruza también fue penado a dos años y medio de inhabilitación por alquilar unas naves destinadas al servicio de bomberos.

Dentro de la macroinvestigación de Acayro también se vieron salpicados algunos pedáneos. Es el caso del expedáneo de Sámano, Javier Eguren, que fue condenado a cuatro años de prisión por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos; mientras que su esposa y el extesorero fueron castigados a dos años de prisión tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

El también expedáneo de Otañes, Francisco González, y cuatro vocales de la Junta (2007-2011) fueron condenados a siete años y nueve meses de inhabilitación por prevaricación administrativa en la contratación de obras de renovación de la red de abastecimiento de agua.

En el 'caso Korta', Vicente Korta y su mujer pactaron una pena de un año y nueve meses y evitaron la cárcel. Fueron condenados por estafar 300.000 euros al Ayuntamiento castreño.

En el 'caso Santa Catalina', nueve personas fueron condenadas a penas de inhabilitación; en el 'caso Proconor', otras once personas; y en el 'caso La Loma', el que a priori era el de mayor magnitud teniendo en cuenta que había 45 acusados antes del juicio, se saldó con las condenas de Muguruza, el exsecretario municipal y un promotor.