Una decisión a la que podría adherirse el Ministerio Fiscal, que también estaría estudiando la posibilidad de retirar su acusación contra los 12 promotores implicados en esta zona de Castro Urdiales. Esto supondría que la lista inicial de 45 acusados (22 expolíticos, 13 promotores, 7 técnicos municipales y tres técnicos particulares) se vería reducida al menos hasta los 33, ya que hay otro promotor que está acusado por el desarrollo de la urbanización de Vallehermoso, situada a unos metros de La Loma.
De producirse esta decisión de la fiscal quedarían absueltos Vicente Santamaría (Bifamiliares y Adosados Castreños); José Luis Martínez Parra (Teconsa y Proinsa); Juan Ramón López Revuelta, Javier Sáinz Artiach, Luis María Oteo Orive y Luis Carlos Pérez Ibáñez (Norsur); Daniel Colina y Juan Javier Nardoni (Altos de Otañes); Jacobo Gumersindo Puente (Castros 16 y Condominios del Norte); Ángel Santamaría y José Antonio Quindós (Quinorsa); y Pedro Palenzuela.
El 'caso La Loma' nació tras una denuncia de la Junta Vecinal de Santullán en 2007
No obstante, la fiscal del caso, Pilar Santamaría (el escrito de acusación del Ministerio Fiscal lo realizó en 2012 María Jesús Cañadas) no ha querido pronunciarse al respecto a la espera de la celebración del juicio, que comenzará el martes 1 de octubre con las cuestiones previas, que se prolongarán, previsiblemente, dos días más.
Según señalaron a este periódico fuentes del caso, la razón que ha llevado a los vecinos de La Loma a retirar su acusación tiene que ver con las actuaciones de regularización de la zona que el Ayuntamiento de Castro Urdiales ha llevado a cabo en los últimos años y que se centran en la finalización de las obras de urbanización y la construcción del depósito del Monte Cueto, cuyas obras están adjudicadas y a punto de empezar.
En este sentido, durante el último pleno ordinario celebrado el pasado martes en Castro, la secretaria municipal señaló que la Fiscalía había solicitado diversa documentación referente a los suelos objeto de este juicio para saber en qué situación se encontraban actualmente cada uno de ellos.
Están acusadas 45 personas: 22 expolíticos, 13 constructores y 10 técnicos
Y es que el Ministerio Fiscal baraja la posibilidad de centrar su acusación únicamente en el desarrollo urbanístico que afecta al SUNP-12, donde Sacyr Vallehermoso construyó la urbanización 'Residencial San Pelayo' cuyas viviendas, que están deshabitadas, se pueden apreciar desde la autovía A-8 a su paso por Santullán. Esto supondría que, además de los doce promotores mencionados, también se caerían de la lista de acusados varios exconcejales y algún técnico municipal, que únicamente estaban implicados por el desarrollo de las viviendas ubicadas en La Loma.
El magistrado Alonso Roca fijó el inicio del juicio el 1 de octubre y su conclusión el 30 de marzo
A la espera de conocer la postura de la fiscal, la previsión inicial del presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, Agustín Alonso Roca, encargado de este juicio, es que la vista arranque el martes y se prolongue hasta el 30 de marzo de 2020, día fijado para la última palabra. El juicio se celebrará en el salón de actos de Las Salesas.
El Ministerio Fiscal solicita hasta 196 años de cárcel
En su escrito del año 2012, el Ministerio Fiscal solicitaba un total de 196 años de cárcel para los encausados en este procedimiento, que nació a ráiz de una denuncia de la Junta Vecinal de Santullán por la invasión por parte de Sacyr Vallehermoso de unos terrenos de la pedanía.
De todos los acusados, las penas más elevadas las solicita para el exarquitecto municipal, Pedro Restegui, para quien reclama 12 años de cárcel, igual número que para el exalcalde, Rufino Díaz Helguera. El exalcalde Muguruza se enfrenta a una solicitud de pena de 11 años mientras que para el exedil Salvador Hierro la Fiscalía pide ocho. Además de penas de prisión, el fiscal reclama para un gran número de los procesados multas que de varios millones de euros.
Hay que recordar que el 'caso La Loma' acabó con las aspiraciones políticas de los candidatos del PSOE de Laredo (Juan Ramón López Revuelta) y Castro (Daniel Rivas) en las elecciones municipales de 2015. Rivas dimitió de sus cargos tras acordarse la apertura de juicio oral, dando cumplimiento al código ético de su partido.
De su lado, López Revuelta, que también tuvo que seguir los mismos pasos, es el único de los 45 acusados que sigue en la vida política como concejal.
En su escrito, la fiscal también eludía a la situación patrimonial de Restegui, la responsable de disciplina urbanística Yolanda Sánchez, el secretario municipal, César Saiz y Díaz Helguera. Según señaló entonces, todos ellos recibieron «contraprestaciones económicas por su colaboración en la aprobación de resoluciones municipales contrarias a derecho».
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.