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Cuando se celebró la junta constitutiva del Consorcio de Infraestructuras Deportivas de Cantabria el 9 de marzo de 2007, lo último que imaginaban los signatarios era el saco roto que supondría, sobre todo para algunos de ellos, el activo de contar en su municipio con ... una piscina climatizada.
Ahora, la asociación de entidades empieza a dar los pasos para su disolución con la misión de dirimir quién ha cumplido con las obligaciones que se acordaron y si la forma de afrontar los costes ha sido justa para todos. Unos gastos que se traducen en las aportaciones para el funcionamiento del propio Consorcio, protagonizadas por los pagos a abogados, y que en el modelo teórico planteado inicialmente, se asumirían y se dividirían entre la totalidad de participantes que ingresarían la misma cantidad, independientemente del presupuesto con el que cuente cada municipio.
En cuanto a los ayuntamientos que siguen participando de sus obligaciones con la entidad, Colindres y Ribamontán al Mar ya hacen uso de sus piscinas, mientras que Val de San Vicente la tiene construida desde hace ocho años pero no ha dado el paso de abrirla; y Marina de Cudeyo ni siquiera la llegó a construir. Por su parte, Torrelavega y Suances han solicitado su salida de la asociación pero, de momento, no han tenido respuesta. En los últimos años no han aportado vocales ni han nombrado representantes como estaba estipulado.
«Pedimos la salida porque el expresidente Ignacio Diego quita la financiación a varios ayuntamientos y nos deja sin dinero para ejecutar la obra», recuerda el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, que indica que durante años su municipio ha estado aportando las cuotas que le correspondían, «pero no tenía ningún sentido permanecer allí». A la espera de que «se resuelva toda la situación y se dilucide», lo tiene claro: «No vemos sentido a que tengamos que seguir dentro o tengamos que continuar pagando».
En la misma línea, el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, entiende que su ayuntamiento no tiene ya «nada que ver con el Consorcio», porque no ha percibido «absolutamente nada respecto a las piscinas», y por lo tanto, opina que ya se está tardando en hacer efectiva la salida como se ha aprobado por parte del municipio en un pleno. «Yo creo que a día de hoy deberíamos estar desvinculados completamente», insiste. En este municipio costero, la piscina climatizada llegó de manera independiente a esta entidad, cuando se procedió a cubrir la infraestructura con que se contaba y que sólo abría en verano.
Las salidas solicitadas no se han hecho efectivas porque, como justifica el presidente del citado Consorcio -Javier Incera, alcalde de Colindres- «para ello hay que hacer un cálculo de liquidación de obligaciones y habría que conocer si para la salida han pagado las aportaciones todos los años que les correspondía y si hay algún gasto pendiente de los que ellos sean partícipes».
En cuanto a Marina de Cudeyo, su alcalde, Pedro Pérez Ferradas, explica que el ayuntamiento permanece dentro del Consorcio sin tener piscina porque «no se puede dar un portazo de la noche a la mañana con las implicaciones jurídicas que conlleva». Considera «justo» aportar cuando «ha habido que hacer estudios o encargar proyectos». Por ello, tiene claro que «hasta que el Consorcio quede finiquitado» su ayuntamiento permanecerá en él. «Tenemos que estar ahí», repite. Recuerda el regidor que Marina de Cudeyo «se quedó sin piscina y renunció a un procedimiento ya licitado y adjudicado», y espera que eso quede «definitivamente aclarado».
También sigue cumpliendo con sus obligaciones iniciales Val de San Vicente, pese a no haber llegado a abrir su instalación por la falta de financiación sobrevenida con el cambio de gobierno. Este mes se ha pedido por parte del Consorcio la licencia de primera ocupación, pero no como un paso adelante para la apertura sino en la línea de «empezar a arreglar todo pensando en la liquidación», como explica Incera. «Estaba sin registrar y un ente, para liquidarse, tiene que tener sus bienes registrados», subraya. Por su parte, las piscinas de Colindres y Ribamontán al Mar se cedieron a los ayuntamientos después de registrarse, «pero esto sólo se hace si se abren». Según añade Incera, se trata de «un formalismo», que nada tiene que ver con «que en el momento de la liquidación el bien se le transfiera al consistorio».
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