Abierto juicio oral contra Carlos Cortina, exalcalde de El Astillero, al que piden 130.000 euros de fianza

Cortina, alcalde de El Astillero por el Partido Popular entre los años 2006 y 2015, está acusado por las presuntas irregularidades cometidas en la contratación y pagos, entre enero de 2007 y abril de 2010, a una hermana de la funcionaria que se encargaba entonces del área municipal de Personal, que llegó a girar 38 facturas por importe de 98.749 euros.

Contra la hermana de esa trabajadora el juez acuerda también, en un auto de 29 de abril, la apertura de juicio oral por un presunto delito de tráfico de influencias, al tiempo que le requiere, junto a Cortina, 130.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse.

Este juzgado había requerido en el mes de febrero a las partes que solicitaran la apertura de juicio oral contra el exalcalde y que formularan escrito de acusación o el sobreseimiento, una vez que la Audiencia Provincial le había devuelto los autos resolutorios de los recursos de apelación presentados por Cortina que, además, fueron desestimados.

La Fiscalía, que formuló su escrito de acusación en febrero de 2018, pide para el ex primer edil diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito continuado de prevaricación y, para la hermana de la funcionaria, un año de prisión y una multa de 160.000 euros por la comisión de un supuesto delito de tráfico de influencias.

Según se recoge en el auto, además, en concepto de responsabilidad civil, solicita indemnizar de forma conjunta y solidaria al Ayuntamiento de El Astillero con 98.749 euros, la misma cantidad que pide la acusación particular.

Por su parte, el secretario municipal, como denunciante, pide diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un presunto delito continuado de prevaricación y una pena de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por nueve años por un supuesto delito continuado de malversación de caudales públicos.

Para la familiar de la empleada municipal solicita un año de prisión por un presunto delito de tráfico de influencias y una multa de 200.000 euros, al tiempo que, en concepto de responsabilidad civil, solicita indemnización conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Astillero con 114.549 euros.

El Consistorio, tres ediles de la actual Corporación y un exconcejal en representación e los cuatro del PSOE e IU, coinciden como acusación particular en sus escritos en solicitar para Cortina la misma pena que la Fiscalía y, para la otra persona investigada, también un año de prisión, pero elevan la multa hasta los 180.000 euros.

Contra este auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado, se declara órgano competente para el conocimiento y fallo de esta causa al Juzgado de lo Penal de Santander y el siguiente paso en este proceso es que se señale la fecha de juicio.