El PRC de El Astillero cuestiona la legalidad de la actuación de la edil de Obras y ésta asegura que emprenderá acciones legales

La concejala de Obras en el Ayuntamiento de El Astillero vuelve a ser diana para el grupo municipal de la oposición. En un comunicado, el PRC local puso en tela de juicio que el pasado 10 de julio se registrara en el Ayuntamiento una solicitud de licencia de obra para la construcción de una piscina de un particular, que vino «acompañada» del proyecto «redactado» y «firmado» por la propia Fernández, «junto con el encargo de la dirección de la obra en el ejercicio de su profesión como arquitecto técnico e ingeniero de la edificación».

Un hecho al que, para el PRC, se suma otra cuestión «asombrosa», como es que el permiso de obra fuera finalmente concedido por la junta de Gobierno Local el pasado jueves 29 de octubre, cuando en realidad la obra «se ha venido ejecutando desde el mes de julio».

«De nuevo se repite la triste historia, donde la concejala de Obras de Ciudadanos vuelve a utilizar el Ayuntamiento de El Astillero como si fuera su propio cortijo», aseguraron los regionalistas en nota de prensa.

Unas aseveraciones que han sido desmentidas a este periódico por la propia Fernández, quien mostró su malestar respecto a la manipulación que -considera- está realizando el PRC contra todo lo que se refiere a su persona. La concejal de Obras en el Ayuntamiento lamentó que lo que se esconda realmente detrás de esta estrategia sea un «ataque personal y profesional para desacreditarme» y por eso, aseguró que emprenderá «las acciones legales que estime oportunas», tanto contra el partido regionalista como contra «aquellas personas» que incurran en lo que considera una «difamación».

Según Fernández, el PRC está «obviando» los procedimientos administrativos que amparan este tipo de concesiones, como es el silencio administrativo, que permitiría, como en este caso, llevar a cabo la actuación dentro de la legalidad. Para la responsable de Obras -que tiene dedicación parcial en el Ayuntamiento-, el juego que está llevando el PRC «excede de lo político» y ataca directamente a su persona y su profesión y, es algo que, aseguró, «no voy a permitir».

Sin embargo, según relata el grupo regionalista en su comunicado, «no es la primera vez que el alcalde, Javier Fernández Soberón, permite prácticas sospechosas e irregulares por parte de su concejala de Obras, al margen de las licencias que otorga el propio Ayuntamiento«.

En este sentido, el grupo municipal puso de manifiesto que el pasado mes de febrero toda la oposición en bloque (PRC, PSOE, IU y PP) denunció hechos similares. En concreto, en referencia al acuerdo adoptado el 24 de octubre de 2019 sobre la obtención de licencia urbanística para el refuerzo estructural de un pilar en un inmueble de la calle San José, número 8, en el que «participó la edil». En ese caso, continúa el PRC, la oposición puso de relieve la condición de Fernández como concejala en el equipo de Gobierno y delegada de Obras, además de miembro de dicho órgano colegiado como teniente alcalde, y por ello, consideraron su posible «incumplimiento» en su deber de abstención al constar en el expediente de una memoria técnica firmada por ella.

Previamente, según aseguran los regionalistas constaba en el expediente, el 26 de septiembre de 2019 se registró una denuncia de la comunidad de propietarios de calle San José, 8, sobre una serie de obras que se están ejecutando en el bajo comercial. «Un mes después, la concejala, en el ejercicio de su profesión de arquitecta técnica, asumió la dirección de obra sin proyecto, además de presentar la solicitud de licencia de actividad mediante comunicación previa de actividad inocua en representación de la propietaria del local«.

Fue el pasado 24 de octubre cuando en junta de gobierno local se aprobó la licencia de obra, introduciendo -siempre según relata el PRC- el punto con carácter de urgencia, con la asistencia de la edil de Ciudadanos y sin paso previo por la Comisión Informativa de Obras. «No fue hasta el 8 de noviembre cuando, de nuevo en representación de la propietaria, la concejala presenta la declaración responsable donde se expresa que se realizarán obras de tipo menor sin constar liquidación de tasas e ICIO», sostienen los regionalistas.

Después, el 22 de noviembre, el arquitecto técnico municipal emitió un informe en el que señala que se ha realizado una «remodelación total del local», que se debería de presentar un proyecto técnico, y que se excluye de la tramitación por el procedimiento de «declaración responsable». Señalaba también que las obras ya se encuentran muy avanzadas y propone para «evitar posibles negligencias o inatenciones legales» que se aporten una serie de certificados técnicos antes de finalizar los trabajos.

Fue, según continúa relatando el PRC, a finales de año la Junta de Gobierno Local, con la ausencia de Marta Fernández, «por interés directo en el asunto», la que aprobó la licencia de actividad. «El deber de abstención confluye con la necesaria solicitud de autorización de compatibilidad que habrá que someter al Pleno de la Corporación a aquel miembro corporativo que desarrolle actividades ajenas a las propias derivadas del ejercicio de su cargo electo, máxime cuando por su naturaleza el ejercicio de tal actividad pudiera entrar en colisión directa con el interés general», considera el PRC.

Para los regionalistas, es «triste que cualquier ciudadano de Astillero y Guarnizo tenga que esperar a tener la licencia concedida, y sin embargo las obras que proyecta y dirige la concejala de Obras gozan de un trato tan especial«.