El Astillero estudia las deficiencias en la estructura de un edificio habitado

El inmueble afectado por estos desperfectos -que son visibles desde hace tiempo en paredes, suelos y puertas- se ubica en el barrio Obrero y está formado por doce viviendas, de las cuáles, ocho están habitadas en estos momentos por familias (algunas en propiedad y otras en régimen de alquiler). Las otras cuatro están vacías: tres de ellas por decisión propia de sus dueños -que decidieron desocupar la vivienda debido a las condiciones del edificio- y la otra está en manos de una entidad bancaria.

La situación del edificio y, por tanto, la de estas familias ha obligado al Ayuntamiento a movilizarse con rapidez y profundizar en el asunto. De momento, lo que el Consistorio sabe es que las conclusiones del aparejador no son nada halagüeñas. Después de visitar cada una de las viviendas, el técnico ha concluido en un informe emitido el pasado día 27 de septiembre que la situación actual es de «grave riesgo» para los vecinos y que, tras la «inacción» de los propietarios, el Ayuntamiento tendría que proceder a la «ejecución subsidiaria» de las actuaciones que estime oportunas para garantizar las condiciones de habitabilidad. Está por ver si, ahora, esas medidas pasarían por el apuntalamiento del edificio, para lo que sería necesario el desalojo de los inquilinos, o en el peor de los casos, la declaración de ruina inminente. Pero sin un razonamiento por escrito más exhaustivo del órgano superior -el de la arquitecto municipal-, está por ver hasta qué punto llegan las soluciones y si la estabilidad del edificio está tan comprometida o no.

La voz de alarma saltó en el Pleno ordinario de la pasada semana, cuando la portavoz de Izquierda Unida, Leticia Martínez, utilizó el turno de ruegos para preguntarle al alcalde, Javier Fernández Soberón, si conocía de la existencia en el municipio de algún inmueble habitado con deficiencias estucturales. Una clara alusión al edificio ubicado en el barrio Obrero, sobre el que el Ayuntamiento no respondió pero inició una investigación.

La situación de deterioro que sufre el edificio lleva años vagando por los despachos del Ayuntamiento. En 2011, una vecina del inmueble ya registró un documento por escrito en el que se mostraba preocupada por las grietas aparecidas en el inmueble. En aquel momento, un informe técnico concluyó que «no» se deducían «daños estructurales» y que las mejoras que podrían llevare a cabo para mejorar las condiciones del edificio correspondían a la comunidad de propietarios. De hecho, sugería aquel escrito la puesta en marcha de cuatro medidas -tres de ellas, por parte de los dueños y relacionadas con el forjado y una, por el Ayuntamiento, que se refería a la limpieza de las tuberías-.

Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno en aquel año y en los sucesivos -hasta 2013- siempre giraron en torno a que el arreglo de los daños correspondía a la comunidad de propietarios. Es más, en aquellos años, parece ser que solo se visitó la vivienda de la vecina que había denunciado la situación.

La limpieza de una arqueta, tiempo después, por parte del Ayuntamiento aceleró el proceso de inestabilidad del edificio, ya que parece que fue a partir de ahí cuando el deterioro de las paredes y suelos se volvió más evidente. Fue el 16 de noviembre de 2018, cuando el aparejador municipal emitió el primer informe negativo, en el que ya consideraba que la situación era «de grave riesgo para la integridad de las personas que viven en el inmueble» y recomendaba la intervención de un perito. Una valoración que se repite ahora, un año después, sin que en este tiempo hayan mediado actuaciones al respecto.