Cortina deja sus cargos después de haber dedicado 31 años al servicio de los vecinos, «tranquilo y contento» por el trabajo que ha realizado, si bien lamenta la situación actual de caos en el Consistorio al que ha dedicado tanto tiempo.
El exalcalde de Astillero ha manifestado que cuando se presentó a las elecciones municipales de mayo 2015 ya sabía que esta sería su última legislatura y que la decisión sobre su renuncia ha sido muy meditada. Según ha explicado, este lunes, día de su cumpleaños, decidió comunicarselo a los afiliados del PP de Astillero.
Cortina ha señalado que ahora iniciará una nueva etapa en su vida, dedicado a su familia, trabajo y tiempo libre, pero que seguirá vinculado al PP, «como siempre ha estado», colaborando en lo que se le necesite «pero de otra forma» y «con lealtad a sus compañeros de Astillero y a la dirección regional».
A la espera de Juicio
Esta dimisión llega después de que el pasado mes de marzo, Cortina supo que la Fiscalía de Cantabria ha solicitado para él una pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito continuado de prevaricación. Los hechos que se le imputan a Cortina se originaron tras una denuncia presentada por el secretario del Consistorio contra Cortina, entonces alcalde de Astillero, a la que luego se unieron IU y PSOE, por las presuntas irregularidades en la contratación y pagos a una hermana de la funcionara que se encargaba del área municipal de Personal.
En mayo de 2015, el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander acordó continuar las diligencias abiertas contra Cortina y la hermana de la funcionaria, pero sobreseyó la causa respecto de la trabajadora municipal. En el caso de Cortina, sin embargo, la Fiscalía argumenta que la acusada se prevalió de la relación cercana y de proximidad que mantenía con Carlos Cortina, gracias a su pertenencia al mismo partido político y por trabajar su hermana en el Consistorio desde hace años como persona de confianza del entonces alcalde, para conseguir las contrataciones. El Ministerio Público apunta que, por decisión del acusado, las contrataciones se realizaron sin soporte alguno y que la acusada giró entre los meses de enero de 2007 y abril de 2010 un total de 38 facturas por importe de 98.749,96 euros»sin otro fundamento que la voluntad de Carlos Cortina».
Además, algunos dirigentes de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Astillero pidieron su dimisión tras conocerse la petición de la Fiscalía. El actual alcalde de El Astillero y líder del PRC, Francisco Ortiz, señaló que «el señor Cortina está amortizado políticamente hablando, no tiene ningún apoyo en su propio partido y solamente le retiene su propio ego e interés personal»
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