El colegio de El Astillero abrió el expediente por unos hechos «gravemente perjudiciales»

De entrada, hay algo revelador: el tipo de expediente que el centro eligió hace unos días para calificar los hechos -un procedimiento disciplinario ordinario- ya da idea de que, a priori, las denuncias de dos familias (emparentadas entre sí) describen unas situaciones que se consideran «gravemente perjudiciales para la convivencia». Tal como adelantó El Diario Montañés, en los chats se encontraron imágenes pornográficas «brutales». Además, se habría incluido a un chico de 14 años en grupos de Whatsapp donde había adultos con proposiciones sexuales.

El Decreto de Convivencia de Cantabria tipifica los asuntos en dos, perjudiciales y gravemente perjudiciales. Para juzgar los primeros, el San José -y cualquier otro colegio- hubiera elegido un procedimiento abreviado, pero el colegio de las Hijas de la Caridad de El Astillero ha optado por uno ordinario.

Esto significa que, si hay sanciones para los alumnos cuyas actuaciones se van a investigar, serán de dos tipos. De un lado, se les puede suspender de su derecho a acudir a clase entre tres días y un mes. De otro, se les puede expulsar. La Consejería no habla literalmente de 'expulsión' en su protocolo: la disfraza bajo la expresión 'cambio de centro educativo'.

De forma general, los expedientes se abren en cuanto el director valora su posible gravedad. Esta actuación se comunica a las familias y, acto seguido, se designa a un instructor, que siempre será un profesor del centro. Las familias tienen un plazo de tres días para recusar al profesional elegido, lo que no ha ocurrido.

Este instructor (en el caso de El Astillero, instructora) recaba las pruebas, toma declaraciones a todos los implicados (los menores de edad siempre acompañados de sus padres) y elaborará un informe fundamental en el proceso, el pliego de cargos.

Este documento es una especie de 'escrito de acusación' en el que se describen las conductas incorrectas y también se pone en conocimiento de las familias (que tienen tres días para presentar sus alegaciones -un pliego de descargos-). Incluso después, a la vista de este informe, los aludidos pueden solicitar más declaraciones u otras evidencias que consideren relevantes. Con todo incorporado, el instructor hace una propuesta de resolución y se la traslada a las familias para, que si tienen algo que añadir, puedan hacer alegaciones. Finalmente, el pliego se hace llegar al director, que será quien dicte la resolución final. El máximo responsable del colegio puede asumir o no la proposición que plantea el instructor, ya que su propuesta no es vinculante. Será el director quien firme la fórmula de sanción para cada uno de los escolares díscolos que se haya encontrado en el transcurso del procedimiento.

A partir de este punto, las familias que no estén de acuerdo con los castigos (o con la ausencia de ellos) podrán interponer un recurso de alzada ante la Consejería de Educación. Es decir, toda propuesta de un director se queda sin aplicar, como mínimo, un mes entero. Si la reclamación llega a la Administración, será la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa y Ordenación Académica quien la reciba. Esta dirección tiene tres meses para dar respuesta, pero estos procedimientos se consideran siempre prioritarios y se contestan «en el menor tiempo posible», han informado fuentes de la Inspección.

Mientras el citado departamento no se pronuncie, las medidas planteadas no se pueden ejecutar.

La Fiscalía de Cantabria todavía no está actuando en el caso de los vídeos pedófilos y de violencia extrema que se habrían difundido en chats de escolares de 4º de la ESO (15 años) del colegio concertado San José de El Astillero. Desde esta institución se informó ayer que «en Fiscalía no consta ninguna denuncia formal. Se conoce la existencia de los hechos por la Guardia Civil, que está elaborando las diligencias. Este cuerpo sigue con la investigación y nos facilitará puntual información cuando las pesquisas den algún resultado».

Ayer se supo que otro caso que está acaparando la atención esos días -la difusión de fotos de una treintena de chicas de Almendralejo menores de edad desnudas, montadas con un programa de Inteligencia Artificial- sí está ya en manos de la Fiscalía de Menores de Badajoz. Ahora los fiscales decidirán la responsabilidad penal de quienes hayan participado en los hechos.