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La investigación interna que abrió el colegio San José de El Astillero por el caso de los chats en los que se difundieron vídeos de alto contenido sexual y violento ... (pedofilia, zoofilia e imágenes gore incluidas) se ha saldado, por el momento, con la expulsión temporal de un alumno del centro, de 4º de la ESO, según han confirmado a El Diario Montañés fuentes cercanas al caso.
Aunque desde la Consejería de Educación del Gobierno del Cantabria no han querido concretar el tiempo que no podrá asistir a clase el alumno sancionado, el procedimiento disciplinario que se aplica en estos supuestos indica que la suspensión es durante «un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes». Eso sí, durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen para garantizar la continuidad de su proceso formativo, según el protocolo.
Esta medida, que el San José ha comunicado ya tanto a la familia del alumno afectado como al Consejo Escolar y al claustro de profesores de este centro concertado, también ha sido notificada al Servicio de Inspección de Educación, que ayer no quiso dar ninguna información «para no vulnerar el derecho a la intimidad» del estudiante.
En cualquier caso, la decisión del centro no ha sido bien recibida por ninguna de las partes implicadas en este asunto, es decir, ni por la familia del alumno expulsado temporalmente ni por las familias que denunciaron los hechos, según han trasmitido a este periódico fuentes del caso.
Como se recordará, el colegio decidió abrir un procedimiento ordinario y calificó los hechos como «conductas gravemente perjudiciales para la convivencia». A partir de ahí, una vez que las conclusiones del expediente se dan a conocer al Consejo Escolar y a la Consejería de Educación, este expediente queda cerrado, teniendo en cuenta que el colegio de las Hijas de la Caridad es concertado. De haber sido público, sí se habría abierto un plazo para que la familia del alumno afectado pudiese presentar un recurso de alzada ante la Consejería de Educación.
Lo que aún no ha trascendido es el resultado de la investigación que abrió la Fiscalía de Menores a finales del pasado mes de septiembre cuando la Guardia Civil presentó las diligencias que practicó a raíz de las denuncias que presentaron las familias de los alumnos afectados por esos chats con contenido pedófilo.
Una de esas denuncias recogía las amenazas a una alumna del colegio y la segunda relataba el acoso al que se había sometido a un adolescente de 14 años en un grupo de Whatsapp escolar, a quien también se habría sumado -sin su consentimiento- a otro en el que había adultos que, según la familia denunciante, le habrían hecho insinuaciones de índole sexual.
Esta denuncia se produjo después de que una madre descubriera al revisar el móvil de su hijo que en varios grupos de Whatsapp se habían difundido fotos y vídeos de pornografía infantil y violencia extrema, y ambos contenidos mezclados. También se enteró de que el adolescente estaba siendo acosado por compañeros de clase con insultos de índole sexual y con alusiones para menoscabar su autoestima.
Hasta ese momento, el caso había sido investigado por dos secciones de la Guardia Civil: la encargada de los delitos contra las personas y la que lleva los delitos telemáticos, cuyos profesionales dieron traslado del resultado de sus pesquisas a la fiscal de Menores, Irene Ciriza.
Las familias denunciantes no se dirigieron directamente a la Fiscalía en un primer momento, sino que hicieron sus relatos de acusación en el cuartel de la Guardia Civil de El Astillero y este las remitió a las unidades especializadas de la Comandancia de Peñacastillo.
A la luz de esas pesquisas, el Ministerio Fiscal tiene que decidir si es oportuno incoar expediente y si los hechos que se le han trasladado son o no indiciariamente constitutivos de delito en el supuesto de que los menores implicados cuenten con 14 años o más.
Además, si correspondiera, la Fiscalía encargará por su cuenta las diligencias 'extra' que estime oportunas para la comprobación de los hechos denunciados y de la responsabilidad que cada persona que aparece en la investigación oficial pueda tener en los mismos.
El Diario Montañés se ha puesto en contacto con la Fiscalía de Cantabria para conocer el estado en el que se encuentra esa investigación pero, por el momento, no ha llegado una contestación al respecto. Fuentes cercanas al caso especulan con la posibilidad de que la fiscal haya archivado el caso, pero ninguna de ellas tiene comunicación oficial de ello.
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