Comienza el juicio contra Carlos Cortina por un presunto delito de prevaricación

Han transcurrido once años desde que cesaran los hechos que investiga la causa, pero el foco mediático vuelve a situarse ahora sobre el exregidor municipal con la celebración de un juicio que se prolongará, según las diligencias iniciales, hasta este viernes. El motivo, la presunta prevaricación administrativa continuada que fue denunciada por el secretario municipal y a la que después se sumaron los grupos municipales del PSOE e IU, como acusación particular.

Alejado de la vida política desde que en 2018 presentara su dimisión como concejal en el Ayuntamiento astillerense, Cortina prefiere no hacer declaraciones al respecto. Solamente se limita a asegurar «tener la conciencia muy tranquila», dejando entrever que confía en que la justicia sea la que finalmente aclare lo sucedido.

Ahora, el juez tendrá que dirimir si, como advierte el ministerio fiscal, el exregidor cometió irregularidades al contratar y realizar pagos a una trabajadora -hermana de una funcionaria-, que, entre los años 2007 y 2010, se encargaba del área de personal. La Fiscalía culpa, además, a la empleada aludida de aprovecharse supuestamente de su relación con Carlos Cortina para conseguir una ocupación laboral relacionada con la administración, que le habría reportado un total de 98.749 euros. Por ello, se le imputa un delito de tráfico de influencias.

De hecho, en su escrito de calificación, el ministerio público señala que la acusada «se prevalió de la relación cercana y de proximidad que mantenía con el titular del Ayuntamiento de El Astillero, gracias a su pertenencia al mismo partido político y por trabajar su hermana en el mismo desde hace años, como persona de confianza del alcalde».

En este sentido -como explica el ministerio público-, para «procurarla una ocupación laboral que le reportara beneficios económicos estables y seguros durante varios años», se llevaron a cabo una serie de conductas «que implicaron conseguir del erario público municipal un total de 98.749 euros».

Y todo ello sucedió «sin cualificación profesional adecuada en el ámbito administrativo, sin concurrir con otras personas de forma pública para la designación y atribución de funciones, y sin desempeñar un trabajo real y efectivo durante los meses de enero de 2007 y abril de 2010, que justifiquen tal menoscabo en el patrimonio municipal cuya responsabilidad última competía al alcalde», advierte el ministerio.

Así, la acusada giró 38 facturas «sin otro fundamento que la voluntad del alcalde, que antepuso su interés a la finalidad de servir con objetividad los intereses municipales, en perjuicio del erario público y con claro beneficio patrimonial de la otra acusada, quien realizó gestiones, entrevistas, organigramas y otras labores difusas sin competencia profesional y sin que puedan ser estimadas económicamente en 98.749 euros que percibió».

Unos hechos que, según recoge la causa, se produjeron hasta el mes de abril de 2010, cuando se detectaron estas supuestas irregularidades y se abrió el proceso que puso en manos de la justicia el funcionario.

Carlos Cortina abandonó la vida política en junio de 2018, dejando tras de sí una trayectoria pública a la que dedicó 31 años. Entró en el Ayuntamiento astillerense en 1987, como concejal y número dos de Ignacio Diego, y en 2006 asumió el bastón de mando en la Alcaldía, tras la dimisión de su antecesor. En 2007 y 2011 revalidó la mayoría absoluta de su partido y, tras nueve años como alcalde, las urnas le relegaron en 2015 a la oposición.