Cortina: «No me advirtieron de ninguna ilegalidad, ni antes ni después de la contratación»

De esta forma Cortina se defendió de la acusación que recae sobre él por presunto delito de prevaricación administrativa en la contratación de una trabajadora municipal, por la que se enfrenta a diez años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público que pide la Fiscalía y a una indemnización de 98.750 euros en favor del Ayuntamiento, una cuantía que podría asumir a partes iguales junto a la empleada, a la que el Ministerio Fiscal imputa un delito de tráfico de influencias por el que solicita una pena de un año de prisión, además de una multa de 160.000 euros.

La primera sesión del juicio que se sigue contra estos dos acusados en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria –integrada por Agustín Alonso, Almudena Congil y Juan José Gómez de la Escalera– arrancó con una petición de la letrada Carmen Sánchez Morán, que representa a la acusada (la empleada municipal), para que la Sala considerara a las acusaciones particulares como acusaciones populares, sin que para ello tuvieran que depositar fianza. Tras unos minutos de deliberación, el tribunal aceptó parcialmente la petición. Estuvo de acuerdo en que las acusaciones del secretario municipal y varios concejales pasarán a ser populares, salvo en el caso del Ayuntamiento de El Astillero, que queda como único perjudicado en el procedimiento.

Precisamente, el abogado del Consistorio avanzó una modificación en su escrito de acusación añadiendo el delito de malversación de caudales públicos al cargo ya imputado al exalcalde Carlos Cortina de prevaricación por la fiscal (el escrito de acusación de 2018 lo suscribe Pilar Santamaría –ahora en la Fiscalía Anticorrupción–, pero lo defiende en el juicio Felicidad Andrés Puerto).

El Ministerio Público sostiene que el exregidor cometió irregularidades al contratar y realizar pagos a una trabajadora –hermana de una funcionaria municipal–, que, entre los años 2007 y 2010, se encargaba del área de personal. La Fiscalía culpa, además, a la empleada aludida de aprovecharse supuestamente de su relación con Carlos Cortina, «gracias a su pertenencia al mismo partido político», para conseguir una ocupación laboral relacionada con la administración, que le habría reportado un total de 98.749 euros. Por ello, se le imputa un delito de tráfico de influencias.

Sin embargo, los dos acusados rechazaron este miércoles con sus declaraciones todas las tesis que sostienen las acusaciones.

El primero en declarar fue Cortina, que estuvo tomando notas en todo momento, salvo cuando tuvo que hablar. Su comparecencia se prolongó durante una hora y media. Contestó a las preguntas de todas las partes. Y en todo momento defendió su inocencia. Primero aseguró que cuando él accedió al cargo de alcalde, en 2006, la empleada municipal (ahora acusada) ya estaba trabajando para el Ayuntamiento a través de un programa de empleo del Gobierno de Cantabria.

A raíz de ese contrato, Cortina apunta que el interventor municipal recomendó recurrir a los servicios de esta trabajadora para lo que se denominó 'Definición y análisis de procedimientos administrativos'. «Aunque a veces el acta no se corresponde con la realidad del trabajo que se realiza. Su misión era poner en marcha todo el tema de la valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento y la RPT», afirmó Cortina, que «no sabía a que se dedicaba ni que profesión tenía esta empleada».

A partir de ahí, esta empleada empezó a emitir una serie de facturas al Ayuntamiento (como trabajadora autónoma) «que contaron con el visto bueno del interventor, que fue quien decidió el salario que iba a cobrar». «Nadie nos dijo que hubiera cobrado algo indebidamente», aseveró el exalcalde popular. «Si tengo asesores que no me advierten de nada, no tengo por qué sospechar».

Por su parte, la empleada –que sólo contestó a las preguntas del abogado de Cortina y de su letrada– dijo que cuenta con un máster de planificación y gestión de recursos humanos «que me capacitaba para hacer ese trabajo para el Ayuntamiento de El Astillero». Además, coincidió con Cortina en que «nunca me advirtieron de alguna ilegalidad» y señaló que «nunca he estado afiliada al PP».

Preguntada sobre si tuvo algún problema con el secretario municipal –que es el denunciante de los hechos de esta causa–, la acusada aseguró que sí. «Fue a raíz de la valoración que se hizo de su puesto de trabajo. Había que congelarle el sueldo. Su relación conmigo cambió».

Este jueves continúa el juicio con las testificales de la acusación.