La Fiscalía abre investigación sobre los chats escolares tres semanas después

Hasta el momento, el caso ha sido investigado por dos secciones distintas de la Guardia Civil: la encargada de los delitos contra las personas y la que lleva los delitos telemáticos, cuyos profesionales han dado traslado del resultado de sus pesquisas a la Fiscalía de Menores. La titular es Irene Ciriza.

Las familias denunciantes no se dirigieron directamente a la Fiscalía en un primer momento, sino que se limitaron a presentar sus declaraciones de acusación en el cuartel de El Astillero y este las remitió a las unidades especializadas de la Comandancia de Peñacastillo.

A partir de ahora, el Ministerio Fiscal decidirá si es oportuno incoar expediente y si los hechos que se le han trasladado son o no indiciariamente constitutivos de delito en el supuesto de que los menores implicados cuenten con 14 años o más.

Además, si correspondiera, la Fiscalía encargará por su cuenta las diligencias que estime oportunas para la comprobación de los hechos denunciados y de la responsabilidad que cada persona que aparece en la investigación oficial pueda tener en los mismos.

Estos también están bajo la lupa del centro educativo, que la semana pasada abrió un procedimiento disciplinario ordinario que puede concluir con la expulsión temporal del colegio (entre tres días o un mes) de aquellos escolares a los que se decida sancionar. La sanción máxima sería el cambio de centro.

La investigación que se está armando en el San José no tardará mucho en concluir con una propuesta de resolución de la profesora instructora, aunque las decisiones finales corresponderán al director del colegio. Miguel Ángel Lavín informó hace unos días en una reunión con padres y madres de 4º de la ESO -el curso cuyos alumnos (14 y 15 años) están en el punto de mira- que su intención es haber tomado decisiones en el plazo máximo de un mes sobre todos los implicados en la difusión de 'gifs' pornográficos en un chat con una veintena de menores.

El director también anunció en aquella ocasión que el objetivo del centro es llegar «hasta el final». A mediados de esta semana, debido a la confusión que han generado algunos medios de comunicación, ha enviado a una carta a las familias para aclarar varios extremos, a saber: que en los chats no aparecen vídeos de los alumnos y que los vídeos de contenido pornográfico, pederasta, zoofílico y los insultos y vejaciones que salpican los chats no han sido grabados en las instalaciones del centro.

Independientemente del resultado de las investigaciones, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) está dividida. Unas participantes consideran que se está haciendo un daño enorme a la imagen del colegio al haber dejado que trascendieran públicamente las denuncias, mientras que otras son partidarias de que haya luz y taquígrafos y de cargar tintas contra la responsabilidad del centro.

De cara a la galería, la AMPA ha mantenido toda esta semana un perfil bajo por la imposibilidad de consensuar una postura común de todos los integrantes. En días pasados, la asociación se limitó a señalar que «confía en la actuación de las autoridades competentes» y espera «que se esclarezcan los hechos lo antes posible para que se vea restablecida la correcta convivencia dentro del centro».

El colectivo también ha manifestado su apoyo a las familias afectadas y ha rogado «prudencia» en la información que se transmita «dada la sensibilidad del tema y la posible implicación de menores».