La Fiscalía no ve delito en el chat de El Astillero porque las imágenes sexuales son «creadas»

Según ha explicado la Fiscalía a El Diario Montañés –que fue quien destapó este caso– el desistimiento en la incoación de un expediente se fundamenta, por una parte, en la «falta de tipicidad penal de los hechos investigados», toda vez que examinados los chats que se aportaron en soporte CD «se observa que lo que en ellos se difunde entre los menores intervinientes son los denominados 'stickers', término inglés con traducción literal de pegatina» en nuestro idioma.

En esos 'gifs', a parte de los cuales tuvo acceso El Diario Montañés, se veían desde bebés y animales en posiciones sexuales con adultos a otros rebosantes de sangre, con un hombre degollado ante tus ojos o una mujer saliendo disparada de una imagen tras haberle estallado la cabeza de un disparo.

Pero el Ministerio Público expone que estos 'stickers' «son elementos gráficos utilizados para expresar emociones, ideas o mensajes de manera visual durante las conversaciones. Son similares a los emojis, pero ofrecen un nivel de personalización inédito, ya que cualquiera puede diseñar y compartir uno en cuestión de segundos, es decir, son imágenes tanto estáticas como en movimiento creadas por los usuarios de una red social que permita su elaboración, como en este caso 'WhatsApp'».

«Por tanto, y pese a que los que compartían los menores investigados eran de extrema violencia y sumamente desagradables, son 'creaciones' y no resulta acreditado que reflejen situaciones reales», arguye la Fiscalía a la hora de cerrar la investigación.

En relación con los de contenido sexual, indica «que, sin obviar su desagradable contenido, no se puede determinar si responden a imagen reales, y tanto las personas que aparecen en ellos como las situaciones en que las mismas se presentan no queda acreditado que sean reales».

La Fiscalía sostiene, por otro lado, que «no se puede determinar el origen de las imágenes ni cómo han sido obtenidas por los menores que las han compartido en los chats». Tampoco queda acreditada, a su entender, «la intervención de mayores de edad en los grupos ni que adultos participaran con fines sexuales en los mismos. Este hecho se apuntó en una de las denuncias, pero no se aportó una mínima prueba por las denunciantes pese a su aparente gravedad».

No obstante, pese a no resultar acreditada la existencia de hechos que permitan la intervención del derecho penal, el Ministerio Público asegura que se abordó una «completa instrucción» en la que se comprobó, por una parte, que el colegio San José –un centro de las Hijas de la Caridad– desde un principio «adoptó de forma diligente medidas deductivas necesarias para proteger a los alumnos y garantizar la convivencia adecuada en las aulas», la protección de los alumnos denunciantes y, en general, «la creación de un adecuado clima en el centro que permitiera el desarrollo de las actividades educativas del mismo». Rebate así la Fiscalía a las familias denunciantes, que criticaron duramente al centro, al que acusaron de no tomar cartas en el asunto.

Del mismo modo, la fiscal afirma ahora que el centro «dio cuenta de lo ocurrido a la Consejería de Educación e instruyó tres expedientes disciplinarios finalizados con sanciones, para los tres alumnos que mayor intervención tuvieron en los hechos (los denunciados y un tercero)». Uno de ellos fue expulsado del centro un par de semanas y otros dos fueron castigados.

Al hacer público su auto, la Fiscalía detalla que recibió declaración a denunciantes y denunciados, así como del tutor del curso afectado, del jefe de Estudios y del director del colegio.

Sobre los menores investigados, se apunta: «Además de reprobarles su comportamiento, se acreditó que por parte de las familias se había dado una rápida intervención correctiva y educadora. Los menores asumieron su responsabilidad en la difusión de algunas de las imágenes que obraban en autos y se mostraron arrepentidos». Todo ello, «se plasmó en dos cartas manuscritas que ambos dirigieron a los denunciantes y que les fueron notificadas personalmente».

Al amparo del artículo 18 de la Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (Lorpm), al tratarse de la primera infracción de los dos menores investigados, «siendo hechos que no implicaban violencia ni intimidación en las personas y habiéndose desarrollado una actividad tanto sancionadora como educativa por el colegio y por los progenitores, y existiendo, asimismo, un reconocimiento de los menores y una muestra de arrepentimiento», la Fiscalía acordó el desistimiento en la incoación de expediente, por lo que da por cerrado el caso.

Este se conoció el pasado septiembre, cuando dos familias encontraron contenidos violentos y pornográficos en los grupos de WhatsApp de sus hijos (de 14 y 15 años), lo que denunciaron ante la Guardia Civil de El Astillero.