El informe de la arquitecto de El Astillero insta al desalojo del edificio del Barrio Obrero

El informe de la arquitecta recoge un análisis técnico del estado en que se encuentra el inmueble -referido siempre a los números 4 y 6 del Barrio Obrero- y sus conclusiones han sido determinantes para la Administración local, que ya ha tenido que empezar los trámites para proceder a su declaración como «fincas ruinosas».

Según ha podido saber este periódico, y tras el estudio realizado por la técnico ante las deficiencias y daños que presentaba el inmueble, el edificio se encuentra en estado de «ruina económica», dado que los trabajos de consolidación y conservación necesarios para subsanar las deficiencias derivadas del estado ruinoso «superarían el 50% del valor del inmueble». Además, la profesional también advierte «ruina urbanística», al tratarse de un edificio «fuera de ordenanza» y «no ser admisibles obras por importe superior al 40% del valor del inmueble».

El edificio al que se hace referencia se trata del inmueble más antiguo de la calle Industria -algunas fuentes apuntan que ronda los cien años- y está compuesto por doce viviendas. La problemática de esta declaración en estado de ruina es que ocho de ellas están habitadas en la actualidad por familias, algunas de ellas, con menores a su cargo. En unos casos en régimen de alquiler y en otros, en propiedad. Existe un caso especialmente delicado, como es la existencia de una familia con dos hijos, que hace escasos años adquirió una hipoteca para asentar su hogar en una de las viviendas del edificio. Respecto a las cuatro restantes, tres de ellas están vacías por decisión propia de sus dueños -que decidieron desocupar la vivienda- y la otra está en manos de una entidad bancaria.

El Ayuntamiento de El Astillero prestó su apoyo a las familias afectadas por esta situación desde que llegara este problema a los despachos del actual equipo de gobierno. Así, tras revisar los expedientes que sobre ello se habían emitido años atrás, decidió encomendar nuevos informes a los dos técnicos municipales, el aparejador y la arquitecta, para conocer el estado actual del edificio. Sus conclusiones serían determinantes para poder maniobrar.

El primero en llegar fue el del aparejador, en donde, según la información a la que tuvo acceso este periódico, se advirtió del «grave riesgo» que podría suponer para los vecinos el estado actual de los inmuebles. En su informe, emitido el pasado 27 de septiembre, también se señala que dicho riesgo se debe en parte a la «inacción» de los propietarios, es decir, a que, a tenor por los informes previos -el último del 16 de noviembre de 2018 emitido en el mismo sentido-, deberían haber sido los vecinos los que hubieran llevado a cabo la mayor parte de las acciones de mejora en el inmueble. De no ser así, y como es perceptivo legal, el Ayuntamiento podría haber procedido a la «ejecución subsidiaria» de las actuaciones que estime oportunas para garantizar las condiciones de habitabilidad. Pero no se movió ficha, ni por parte de unos, ni de otros.

Tras el informe de la arquitecta y la declaración de ruina, el derribo del inmueble será ahora el lamentable desenlace de esta historia, que comenzó a contarse allá por 2011, con la aparición de grietas y desperfectos, y que ha continuado ahora, cobrando mayor importancia con la proliferación de daños importantes que afectan a la estructura y a la estabilidad de sus cimientos. El Ayuntamiento ya se ha reunido con vecinos, entidades bancarias -incluso el 'banco malo'- y el Gobierno de Cantabria para buscar alternativas.