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El procedimiento en la concesión de una licencia de obra por parte del Ayuntamiento de El Astillero se ha puesto en tela de juicio por parte de los grupos de la oposición. Todos (PSOE, PRC, PP e IU), al unísono, han emitido un comunicado ... para denunciar públicamente el posible incumplimiento del «deber de abstención» de la concejal de Obras en el equipo de gobierno (Ciudadanos), Marta Fernández, y anunciaron que ya han solicitado al secretario municipal que se pronuncie al respecto. Será ahora el funcionario quien aclare si, como sostienen los partidos políticos, Fernández se comportó, dicen, como 'juez y parte' en una obra que se desarrolló en el municipio, que primero proyectó dentro de su ejercicio profesional como arquitecta técnica y, luego, tramitó como responsable municipal.
Los grupos municipales del PSOE, PRC, PP e IU acercaron posturas en este asunto, al considerar que la concejal del equipo de gobierno podría haber incurrido en una posible ilegalidad al conceder la licencia de obra de un local comercial de reciente apertura en la calle San José. La oposición entiende, además, un «posible incumplimiento» de la responsable de Obras «en el deber de abstención» y por ello, han solicitado un informe al secretario municipal «para aclarar esta situación», dar «validez» al acuerdo adoptado por Junta, así como esclarecer las «posibles responsabilidades derivadas de su actuación».
Los hechos que denuncian los grupos de la oposición se remontan al acuerdo adoptado el pasado 24 de octubre de 2019 sobre la obtención de licencia urbanística para el refuerzo estructural de un pilar en un inmueble de la calle San José número 8, en el que participó la edil, que es concejal en el equipo de gobierno (Cs), delegada de Obras y miembro de dicho órgano colegiado como teniente alcalde. Para la oposición, la edil de Ciudadanos habría incumplido su deber de abstención «cuando el expediente consta de una memoria técnica firmada por ella misma».
Al hilo de este asunto, los grupos también indicaron que previo a todo ello, y según consta en el expediente, «el 26 de septiembre se registra una denuncia de la Comunidad de Propietarios de calle San José número 8 sobre una serie de obras que se están ejecutando en el bajo comercial». Un mes después –añaden–, «la concejal de obras en el ejercicio de su profesión de arquitecta técnica, asume la dirección de obra sin proyecto, además de presentar la solicitud de licencia de actividad mediante comunicación previa de actividad inocua en representación de la propietaria del local».
Después, el 24 de octubre, se aprueba por Junta de Gobierno la licencia de obra, introduciendo el punto con carácter de urgencia, «con la asistencia de la concejala de Ciudadanos y sin haber sido tratado previamente por la Comisión Informativa de Obras».
Días después –el 8 de noviembre–, la concejal de obras presenta la declaración responsable en representación de la propietaria, donde se expresa que se realizarán obras de tipo menor.
A las semanas, el arquitecto técnico municipal señala que se ha realizado una «remodelación total del local» y solicita que se aporten una serie de certificados técnicos antes de finalizar los trabajos. Antes de finalizar el año, la Junta de Gobierno Local, ahora con la ausencia de Marta Fernández por interés directo en el asunto, aprueba la Licencia de Actividad.
Para la oposición, el deber de abstención confluye necesariamente con la necesaria solicitud de autorización de compatibilidad que habrá que someter al pleno de la corporación a aquel miembro corporativo que desarrolle actividades ajenas a las propias derivadas del ejercicio de su cargo electo, máxime cuando por su naturaleza el ejercicio de tal actividad pudiera entrar en colisión directa con el interés general.
Por todo ello, han solicitado un informe al secretario municipal acerca de la legalidad de la concesión de esta obra, así como la validez del acuerdo adoptado por la junta donde no se medió la abstención de la concejala de obras (Cs) así como las posibles responsabilidades derivadas de tal actuación y la posibilidad de compatibilizar su cargo de delegada de obras y servicios, urbanismo, medio ambiente, personal y empleo público con el ejercicio en el término municipal de la profesión de arquitecto técnico y el desarrollo por su empresa de una actividad económica de carácter inmobiliario.
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