Paralizado el desahucio de una familia en El Astillero

Todos ellos se concentraron desde las diez de la mañana fuera de la vivienda objeto de desahucio, situada en la calle Miguel Hernández, para evitar que la autoridad judicial materializara su cometido.

El desahucio iba dirigido contra una familia integrada por cuatro miembros: Lilian, su hijo, su nuera y su nieto de tres años. En esta ocasión, la comisión judicial tenía clara la orden de practicar el desalojo. Pero se encontraron con la presión vecinal y plataformas dispuestas a impedir, por medios pacíficos, la ejecución del desahucio.

Cuando llegaron al portal, un numeroso grupo de personas bloquearon la entrada. Varios miembros de Stop Desahucios informaron a la comisión judicial que no iban a permitir el desalojo. Por ello, los funcionarios solicitaron la intervención inmediata de la Guardia Civil. Pero la gente allí convocada seguía impidiendo el paso a las fuerzas policiales. Varias horas estuvieron esperando, mientras los presentes gritaban consignas del tipo «este desahucio lo vamos a parar». Hasta que alrededor de las 11.30 horas, la comisión judicial levantó acta suspendiendo el desahucio.

La única que trabaja de la familia es Lilian: lo hace limpiando pisos, con ingresos que oscilan entre 500 y 700 euros al mes. Con ese dinero tiene que mantener a los cuatro miembros de la unidad familiar, ya que su hijo y su nuera se encuentran en situación de desempleo desde hace tiempo, relatan desde la plataforma Stop Desahucios.

Lilian dejó hace tiempo de pagar el alquiler ya que no disponía de suficientes ingresos. Ella alquiló la casa inicialmente con un particular; el cual padeció una ejecución hipotecaria, perdiendo la casa y pasando el inmueble a Liberbank; y, posteriormente, al fondo inmobiliario de la entidad bancaria, Beyos y Ponga. Con esta última entidad se firmó un nuevo contrato de alquiler y al poco tiempo, el inmueble fue vendido al fondo buitre Desarrollos Las Peñicas. Este fondo financiero-inmobiliario, según fuentes de la plataforma, «se ocupa de hacer el trabajo sucio a Liberbank y hacer negocio con el sufrimiento de las familias cántabras».

Lilian padece continuos ataques de asma, ansiedad y depresión como consecuencia de la situación que vive junto a su familia. De hecho, el mismo martes tuvo que ingresar en Valdecilla y, aunque no tenía el alta médica, no quiso quedarse en el hospital debido al problema del desahucio.

El presente desahucio no es el primero con el que ha tenido que lidiar esta familia de El Astillero. De hecho, ya han sufrido otros dos, en abril y octubre de 2019, que fueron suspendidos en vía judicial por mediación de la plataforma. Con esta tercera paralización, Lilian y su familia podrán continuar residiendo, hasta nueva orden, en el domicilio actual. A partir de ahora, el fondo que impulsa el desahucio tendrá que volver a solicitar la ejecución del mismo y, entre tanto, la familia deberá ir buscando una alternativa habitacional.

Stop Desahucios calcula que más de 400 familias están en riesgo por la venta de sus pisos, concedidos en alquiler social por Liberbank, que ha vendido a su propio fondo buitre, Las Peñicas.