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La Fiscalía de Cantabria ya está estudiando el caso de «las gravísimas y múltiples ilegalidades» detectadas en el Ayuntamiento de El Astillero por el ... secretario municipal. El PSOE ha sido el primero en presentar ayer en los Juzgados la denuncia prevista por malversación, prevaricación y falsedad documental contra el alcalde, Javier Fernández Soberón (Cs), que gobierna desde el pasado mayo con mayoría absoluta.
El PP, que contratará a la reconocida penalista Carmen Sánchez Morán para llevar el caso, también tiene previsto presentar la semana que viene su propia denuncia contra el regidor de Ciudadanos por las mismas irregularidades, que incluyen «fraude ante la Seguridad Social» y manipulación de un informe público con el fin de «disimular u ocultar las advertencias de la asesoría jurídica municipal», según se puede leer en el expediente elaborado por el secretario del Ayuntamiento de El Astillero.
Será ahora labor de la Fiscalía decidir si abre una investigación y si los hechos pueden ser constitutivos de delito penal. En ese caso, el siguiente paso de PSOE y PP sería presentar una querella criminal contra Soberón.
Las claves
Delitos A los cargos hay que añadir falsedad documental por manipular un informe del secretario
Próximo paso La Fiscalía deberá decidir si existen indicios de delito penal y si abre una investigación
Hechos El origen es el pago de una nómina a un empleado municipal con incapacidad permanente y total
El desencadenante de esta historia, en julio de 2022, fue la prestación de incapacidad permanente en el grado de total que la Seguridad Social concedió al oficial de Obras y Servicios del Ayuntamiento de El Astillero. Inmediatamente, este empleado registró una petición para que le recolocaran en otro puesto de trabajo compatible con su nueva situación, pese a que el convenio laboral del Ayuntamiento no lo permite -como el mismo secretario detallaría después- y que al tratarse de una incapacidad permanente sin previsión de revisión no puede cobrar un salario público al mismo tiempo que su pensión, ya que su contrato se da por extinto.
El comité de empresa notificó por carta en tres ocasiones distintas al alcalde, en octubre de 2022 y en enero y marzo de 2023, que el trabajador seguía en su mismo puesto de oficial de Obras y Servicios, cobrando la nómina municipal al mismo tiempo que su pensión. El pasado febrero, año y medio después, la delegada sindical entró al despacho del secretario municipal para denunciar esta situación sobre la que, dicen, no habían obtenido respuesta del alcalde durante todo ese tiempo, pese a las advertencias por escrito.
El funcionario aseguró que hasta ese momento no tenía ningún conocimiento de este tema pese a ostentar las funciones de Jefe de Personal. Y emitió, entonces, un informe en el que comprueba y confirma, según sus palabras, que este empleado sigue trabajando en el Ayuntamiento pese a haber recibido la invalidez permanente no revisable, por lo que «los pagos de las nóminas se realizan de manera ilegal». Una palabra, esta última, que desencadenaría el siguiente problema.
Pocos días después, la Junta de Gobierno Local de El Astillero se reunió para dar la razón al secretario y desestimar, año y medio después de su solicitud, la reasignación del puesto del trabajador con incapacidad, así como para dar por extinto el contrato laboral. Para tomar esa decisión, se basaron en el informe previo del secretario, un documento que adjuntaron con un pequeño cambio respecto al que había firmado el funcionario unos días antes: había desaparecido la palabra 'ilegal'.
Este grave hecho provocó la reacción inmediata del secretario municipal, que emitió un duro informe. En primer lugar, insistió en que el pago de las nóminas al trabajador en situación de incapacidad permanente constituye «una grave ilegalidad, además de un fraude ante la Seguridad Social». En segundo lugar, denunció que su primer informe, en el que advertía de esta situación, fue «manipulado» para omitir la palabra 'ilegal'. «El propósito es disimular u ocultar la advertencia de ilegalidad que la asesoría jurídica realiza en dicho informe», continuó el secretario, tachando de «capcioso» el método utilizado para hacerlo, desde el módulo de Acuerdos y Resoluciones del programa de expedientes.
Según el funcionario, el acceso a este sistema está restringido a pocas personas de la unidad de trabajo de Secretaría, y «curiosamente» a dos cargos políticos: el alcalde y su secretaria. Algo que el secretario califica de «ilegal» y, de hecho, el mes pasado el Ayuntamiento cambió el sistema de acceso denunciado por el funcionario municipal.
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Ana del Castillo
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