PSOE y Cs impiden la constitución del PRC de El Astillero, que no descarta la vía judicial

El salón de plenos vivió ayer una sesión -la primera- complicada: mucho fuego cruzado, bastantes dudas sobre la mesa, ciertas enmiendas que se consideraron «ilegales» e incluso alguna que otra llamada al orden por parte del alcalde, Javier Fernández Soberón. Que el voto del PSOE en algunos puntos coincidiera con el del grupo Cs y el alarde de cierta sintonía entre ambos, aumentó la expectación.

El Pleno estaba convocado para la constitución del equipo de gobierno y el reparto de retribuciones, pero la consideración del PRC como grupo político dejó los temas centrales en segundo plano. Cs y PSOE fueron los únicos grupos que, en base al informe del secretario, «el asesor legal» en la institución», negaron al PRC denominarse como tal. Más tolerante fue el PP, que tildó el lapsus de «fallo humano», al igual que Izquierda Unida, que defendió ser un derecho constitucional. Ambas formaciones apoyaron a los regionalistas, pero no sirvió de nada.

Según el informe del secretario municipal, al que ha tenido acceso este periódico, «la escasa regulación en esta materia hace que la norma fundamental para regular la constitución de los grupos políticos se circunscriba a los artículos 75.3 de la LBRL 7/85, de 2 de abril, y los artículos 23 y 24 del ROF, y especialmente, el artículo 24.1 que establece un plazo de cinco días para constituir el grupo político mediante escrito dirigido al alcalde-presidente».

Las conclusiones del funcionario municipal también apelan a la «ausencia de una línea jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, es necesario tomar en consideración los pronunciamientos de otros Tribunales Superiores, advirtiendo de la falta de unanimidad de criterio».

Por todo ello, la Secretaría municipal, una vez analizadas «todas las circunstancias concurrentes en este supuesto», consideró «más acertada la interpretación ofrecida por aquellas sentencias que consideran el incumplimiento del plazo de cinco días para la constitución de grupo municipal, se configura como un término de caducidad, implicando para los concejales interesados, que ya no puedan constituir su propio grupo municipal y quedan incluidos en el grupo mixto, con los derechos y obligaciones inherentes al mismo».

En el informe, que fue tenido ayer en cuenta durante la sesión, el secretario asume el dictamen pero también lo «somete a cualquier otro mejor fundado» y, en todo caso, «a la decisión del órgano competente».

«Ha sido un despiste. Sí», dijo Francisco Ortiz en su turno de palabra, entonando una especie de mea culpa. «Se nos ha pasado» comunicarlo, pero, añadió, «ya podían ser otros asuntos más fáciles de resolver que este». «Grupo hay, y conformamos grupo municipal y nadie tiene por qué juzgarlo», espetó el regionalista evocando además una situación similar que se dio en las filas socialistas de Laredo hace cuatro años, que terminó llegando a los tribunales.

Para los regionalistas, «hay jurisprudencia sobrada que indica que existe, que hay otra línea». Pero, «cómo vamos a ir a un grupo mixto si no existe. Es un invento porque carecemos del reglamento orgánico municipal. Seríamos, en todo caso, concejales no adscritos», insistió el regionalista.

Al no prosperar el intento regionalista, en cada una de las enmiendas y puntos a tratar que siguieron, fueron considerados grupo mixto. De hecho, reiterativa fue la reprobación de Ortiz al alcalde, Javier Fernández Soberón, cada vez que este le cedía el turno de palabra esgrimiendo un «el portavoz del grupo mixto».

Con los votos a favor de Cs, PSOE y PP, el Pleno aprobó la propuesta del equipo de gobierno para las dedicaciones exclusivas y parciales de los miembros de la Corporación. Así, el alcalde tendrá una liberación total, con un salario de 48.386 euros anuales, al igual que la edil de Educación, Cultura, Juventud, Festejos y Comunicación, Cristina Laza, que recibirá una retribución de 28.700 euros. Por otro lado, los otros tres concejales del equipo de gobierno tendrán una liberación parcial que osciliará entre los 19.950 y los 21.150 euros.