PSOE y PRC instan a Soberón a que «actúe» dentro de la legalidad

En la convocatoria de prensa, que se realizó a los pies del puente de Los Ingleses, una «obra parada tres años», los dos portavoces quisieron contradecir las declaraciones vertidas el día anterior por el equipo de gobierno respecto a este fallo y enfatizaron que la resolución judicial es «favorable» a las pretensiones de ambas formaciones.

Martín y Ortiz insistieron que el juzgado estima «íntegramente» su denuncia y «anula» los acuerdos adoptados por Junta de Gobierno Local, lo que, dijeron, «pone de manifiesto la ilegalidad con la que actúa el alcalde y su equipo, que ha vulnerado el principio de anualidad».

En este sentido, subrayaron que la sentencia señala que «el método utilizado no solo era ilegal, sino que se realizaba por el órgano incompetente». Así, recordaron que las facturas fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local, cuando «debe ser el pleno, porque no contaban con partida presupuestaria». «La cuantía no era baladí y además afectaba a facturas que no tienen contrato en vigor», explicaron.

Por ello, Ortiz y Martín insistieron en la necesidad de proceder a la licitación de los servicios que no cuentan con contrato. «Nosotros queremos que todo se haga por el procedimiento establecido. No nos oponemos a que las empresas que prestaron su servicio reciban su pago correspondiente, sino que queremos que el equipo de gobierno actúe conforme a la ley», apostillaron.

Además, ambos portavoces subrayaron que existen «posibles responsabilidades contables» ante el Tribunal de Cuentas y «penales» como consecuencia del pago de facturas al margen de contratos vigentes y fiscalización. Es más, en este sentido, el socialista especificó ante los medios que están dispuestos a llegar «hasta el final».

Preguntado por El Diario Montañés, el equipo de gobierno insistió en que «las facturas no son ilegales», sino que se trata de «un problema eminentemente jurídico y subsanable». Es más, volvieron a manifestar que la demanda «ha ordenado que se subsane» ese procedimiento, pero aunque no estén avaladas por un contrato en vigor, el servicio se ha prestado y se deben «pagar».