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«Anunciamos que nuestro voto va a ser favorable al PP» para que así, «los proyectos sean aprobados por el Pleno que creemos es el máximo órgano de representación» y no por la Junta de Gobierno. Sencillo y conciso. El portavoz del PSOE, Salomón Martín ... , fue al grano para dejar clara que su partido iba a devolverle al Pleno la potestad de decisión en cuanto a la aprobación de obras y servicios, retirando a la Junta de Gobierno este poder, con el que hasta la fecha, el PRC, su socio en el equipo al frente del Ayuntamiento de El Astillero, se había movido como pez en el agua.
La decisión del PSOE de ir en contra de su socio de gobierno y a favor del PP se reservó para última hora -en la comisión previa se abstuvo en la votación- y sentó como un jarro de agua fría entre los regionalistas. Su portavoz, Maica Melgar, lamentó que el PSOE «haya caído en la trampa del caramelo envenenado del PP», cometiendo, dijo, «uno de los mayores errores de legislatura». La regionalista también dedicó unas palabras a los populares a quienes culpó de «intentar truncar el pacto de gobierno» y al final, dijo, «se van a salir con la suya».
La retirada de las competencias de la Junta de Gobierno y la devolución de éstas al Pleno contó con los votos a favor del PP y PSOE, la abstención de IU y el voto en contra del PRC. La oposición aprovechó para poner de manifiesto las «desavenencias» y «discrepancias» del equipo de gobierno y, por ello, el mejor escenario no es una Junta, si no un Pleno.
La medida fue abordada en el transcurso de una sesión extraordinaria a instancias del PP, en la que el grupo de Carlos Cortina terminó retirando la última propuesta. En ella, los populares pretendían tumbar el proyecto de semipeatonalización de la calle Díaz Pimienta, que precisamente fue aprobado en su momento por la Junta de Gobierno. La aprobación del punto, según advirtió el secretario, sería «nulo de pleno derecho».
El PP también trató de sacar adelante la propuesta de bonificación del 5% en los recibos domiciliados del pago del IBI, IVTM y tasas de agua, alcantarillado y basuras. Esta medida, que quedó rechazada por los votos en contra del equipo de gobierno e IU, resultaría «ilegal», según advirtió el secretario, ya que no se podría aplicar al no estar prevista en las ordenanzas fiscales.
El portavoz popular lamentó que el equipo de gobierno no haya tenido «valentía» ni «voluntad» para bajar el IBI y cuestionó al alcalde, Francisco Ortiz, por «no haber sido claro» y haber anunciado la congelación del impuesto, cuando en realidad «lo aumentó en un 4%».
La líder de IU, Leticia Martínez, se mostró contraria a la propuesta porque, dijo, «sólo van a poder disfrutarla el 80%» de los contribuyentes y, además, sólo va dirigida a «aquellos que lo tengan domiciliado». Martínez recordó que el impuesto sube este año un 4% «por el equipo de gobierno y por la política del PP que viene desde Madrid».
Por su parte, Salomón Martín, del PSOE, se amparó en el informe de Intervención en el que se advierte que no tendría carácter retroactivo, una postura similar a la de Maica Melgar, por el PRC, que aseguró que la intención de esta propuesta es la de arremeter contra el equipo de gobierno.
También quedó rechazada, por PRC, PSOE e IU, la propuesta del PP de ceder la guardería laboral de Cors -cerrada por falta de rentabilidad- al Gobierno regional. La portavoz regionalista aseguró que ya se está trabajando en los nuevos pliegos y «pronto verán la luz».
Durante el transcurso de la sesión ordinaria -que se celebró en primer lugar-, el Pleno dio el visto bueno por unanimidad al pago en dos plazos de 257.568 euros (intereses incluidos) a la empresa Aquarbe para dar así cumplimiento a una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo. La deuda del Ayuntamiento se deberá resolver en dos partes, una en septiembre de 2018 (128.784 euros) y otra también en septiembre, pero de 2019 (128.784 euros).
El portavoz del PP, lamentó que la Junta de Gobierno haya cometido un «incumplimiento» de la sentencia, ya que, apuntó, «desde hace más de año y medio nos hemos lavado las manos y no hemos hecho nada». Además, dijo, «siguiendo los informes jurídicos de esta casa le dijimos que no pagaríamos a Aquarbe y nos equivocamos».
Por su parte, la portavoz de IU coincidió con el PP en que este acuerdo «lleva casi dos años de retraso» y exigió al equipo de gobierno a que «sea responsable» a la hora de cumplir con los plazos, porque si no, dijo, «volverán a mermar las arcas de este Ayuntamiento».
Martín, por el PSOE, recordó que la demanda fue interpuesta en la legislatura anterior y que desde el equipo de gobierno se ha tratado de «solucionar» el problema, una postura similar a la de la portavoz del PRC, que enfatizó en que los retrasos en los pagos «no han supuesto agravio a las arcas municipales».
El pleno también aprobó un reconocimiento de crédito por valor de 449.272 euros.
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