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La placidez política que se vivía en El Astillero gracias a la mayoría absoluta lograda por Ciudadanos en las pasadas elecciones, se quebró ayer tras la publicación en este periódico de la denuncia realizada por el secretario municipal por «gravísimas y múltiples ilegalidades, ... fraude ante la Seguridad Social» y manipulación de un informe con el fin de «disimular u ocultar las advertencias de la asesoría jurídica municipal». Desde el equipo de gobierno negaron estas acusaciones, pero los partidos de la oposición consideran estos hechos de «extrema gravedad» y ya están estudiando el expediente y valorando con sus servicios jurídicos llevar a los tribunales al alcalde, Javier Fernández Soberón, a quien el secretario señala, con nombre y apellidos, como una de las personas que pudo manipular ese documento.
El detonante fue la situación laboral «irregular» del oficial de Obras y Servicios del Ayuntamiento, que llevaba casi dos años cobrando sueldo municipal pese a tener una pensión de invalidez permanente y total, como se puede leer en el informe del secretario al que ha tenido acceso El Diario Montañés. Además, alguien manipuló ese documento para suprimir la palabra 'ilegal' con la que el secretario definió los pagos realizados.
«Es un asunto de extrema gravedad y el alcalde debe dar explicaciones de forma inmediata»
«Soberón debe convocar un Pleno extraordinario para aclarar todos los detalles de lo sucedido»
«Pinta muy feo, pero no nos sorprenden estos comportamientos del alcalde»
La concejala del PSOE, Judith Pérez, tuvo conocimiento de estos hechos hace un mes y fue el jueves cuando en el Pleno preguntó al alcalde por ellos, sin obtener respuesta. Además, ha consultado el caso con un gabinete jurídico que ve posibles derivaciones penales, por lo que ya está valorando llevarlo a los tribunales, no sin antes esperar a que el regidor dé alguna explicación.
«Es un asunto de extrema gravedad, por un lado la inacción en la irregularidad laboral de un trabajador recolocado sin resolución y con advertencias del comité de empresa durante veinte meses. Y más preocupante aún, la modificación de un acuerdo certificado por el secretario municipal», señaló Pérez, que espera que el alcalde responda a estos hechos «inmediatamente».
«No es plato de gusto, pero es nuestra obligación fiscalizar la gestión municipal, y si afecta al prestigio de la institución con mucho más motivo», explicó la concejala socialista, que considera al secretario municipal que realizó ese informe como un funcionario «muy estricto con el cumplimiento de la legalidad y garante siempre de los intereses del Ayuntamiento de El Astillero y los vecinos, un profesional entregado a su labor».
En el PP también están «valorando todas las opciones», entre las que se incluye llevar a los tribunales la denuncia realizada por el funcionario una vez que estudien el expediente con toda la documentación. «De ser ciertos los hechos, resultan de una gravedad extrema, circunstancia que debe ser inmediatamente esclarecida por el alcalde en un Pleno extraordinario», afirmó el concejal popular José Antonio García.
«De confirmarse, es muy grave que, como se ha señalado, un cargo político haya podido cambiar o modificar informes emitidos por el secretario municipal. Por ello, consideramos que hay que comprobar quién ha accedido y manipulado ese documento desde la plataforma», dijo.
Aunque el PRC no tiene representación en el Ayuntamiento tras las pasadas elecciones municipales, el secretario general de los regionalistas de El Astillero, Francisco Ortiz, también coincidió con los concejales de la oposición en que este asunto «pinta feo». Y recordó que hace menos de un año, los tribunales ya condenaron al alcalde Javier Soberón por «unos pagos ilegales» de más de un centenar de facturas valoradas en 1,2 millones de euros. «No nos sorprende este comportamiento de Soberón porque ya tenemos experiencias anteriores similares. Se aleja de lo que debe ser el comportamiento de un político», subrayó Ortiz, que fue alcalde entre 2015 y 2019.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Astillero asegura que cuenta con documentación que «desmiente las interpretaciones acusatorias –realizadas por el secretario en un informe oficial– y procederemos a valorar cuantas acciones judiciales sean necesarias para salvaguardar el honor del alcalde». En un texto firmado por el Departamento de Comunicación, Ciudadanos considera que «como no se pudo impedir la mayoría absoluta en las urnas, ahora se pretende boicotear con acusaciones con las que se intenta dar una apariencia de culpabilidad y crear una especie de conspiración». Ciudadanos no entra al fondo de la denuncia del secretario municipal y señala directamente a los partidos de la oposición por una manera de hacer política «basada en tergiversar determinados hechos para hacer unos ataques personales falsos tan duros».
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