PSOE, PRC y PP presentan un contencioso por el pago de facturas del equipo de gobierno de El Astillero

Los grupos municipales del PSOE, PRC y PP en el Ayuntamiento de El Astillero han presentado un recurso contencioso administrativo ante el juzgado contra los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local que preside el alcalde de Ciudadanos, Javier Fernández Soberón, para solicitar el acceso a los expedientes adoptados. Según la oposición, el equipo de gobierno podría haber «usurpado» competencias al Pleno al proceder «en solitario» al pago de facturas de «contratos caducados y servicios prestados en 2020», por valor de «1,2 millones de euros».

Preguntado por este periódico, el equipo de gobierno (Cs) aseguró que «todos los pagos que se hacen desde el Ayuntamiento cuentan con informes favorables de los técnicos municipales» y que, por tanto, estas acusaciones responden a un ánimo de «difamar hasta niveles extremos».

A su juicio, «llevar a cabo acusaciones semejantes» por parte de la oposición «es cruzar todas las líneas». «Los vecinos entienden y comprenden que no podemos contestar públicamente y a diario cada vez que se dicen barbaridades», pero –añadió Cs– «tristemente, difamar les sale gratis, algo que no vamos a seguir tolerando».

Desde el equipo de gobierno se asegura que los cinco concejales de Ciudadanos "dedican todo su tiempo a levantar y trabajar por nuestro pueblo" y, por eso, "tal y como nos pidieron los vecinos cuando depositaron su confianza en nosotros, nadie nos va a distraer de nuestro objetivo de seguir mejorando nuestro pueblo pese a todos los palos en las ruedas". "Merece la pena seguir trabajando incansablemente por este pueblo".

En todo caso, la oposición decidió solicitar vía contencioso administrativo los expedientes porque consideran que el alcalde aprobó «por la puerta de atrás» y «encerrado en su despacho» una serie de facturas, «en un claro ejercicio de falta de transparencia».

Las facturas a las que hacen referencia PRC, PSOE y PP se refieren a las aprobadas en el mes de enero, con cargo al 2020, así como a las de las empresas concesionarias de servicios, de mantenimiento del alumbrado público y de gestión de los espacios culturales, cuyos contratos fueron adjudicados por Pleno. «Estamos hablando de supuestas prácticas ilegales, al margen de los procedimientos reglados, con el total conocimiento del alcalde y sus tenientes alcaldes y, a sabiendas de que gran parte de las facturas aprobadas corresponden a empresas que tienen sus contratos caducados y sus prórrogas agotadas, y cuya aprobación corresponde al pleno municipal previo levantamiento del reparo suspensivo de pago», aseguraron.