Puestos en libertad el alcalde, un concejal y el tesorero de Astillero

Dos meses después de haber abonado una fianza en metálico por la supuesta malversación de fondos realizada seis años atrás, fueron puestos en libertad: el alcalde, Luis García Santiago; un concejal y el depositario del erario público del Ayuntamiento de Astillero. Esto sucedía el 13 de Abril de 1924, después de que, como consecuencia del golpe militar de Primo de Rivera, se hubieran disuelto los ayuntamientos y se hubiera ordenado la inspección de los posibles casos de corrupción. La comunicación del ingreso de la fianza en el Ayuntamiento fue trasladada por el juez, por lo que, entendemos, que el caso estaba abierto en el juzgado.

Hacía unas pocas semanas que el nuevo delegado gubernativo, el comandante Miguel Burgués, había realizado una inspección en el Ayuntamiento de Astillero y había ordenado detener a los anteriores cargos ahora puestos en libertad. Estos cargos estaban sujetos a un proceso judicial por la malversación de fondos públicos. Así lo contaba el corresponsal del diario 'El Cantábrico', Leocadio Otero, ferviente defensor de los militares golpistas, puesto que, en su crónica periodística, elogiaba la eficacia de los militares y escribía «que los detractores del Directorio tendrán que confesar que los militares saben hacer las cosas pronto y bien». El Sr. corresponsal fue al año siguiente concejal del Ayuntamiento de Astillero, pensamos que por el método del dedo.

El golpe militar del Capitán General de Cataluña, Primo de Rivera, el 13 septiembre de 1923, tuvo muchas y complejas consecuencias para España que los historiadores se han encargado de analizar y estudiar. El Directorio Militar, liderado el general Rivera, tenía mucho interés en demostrar la eficacia de su gestión y, en Astillero, tuvo esta curiosa derivación solamente unos meses después de haberse consolidado: la detención y posterior puesta en libertad del alcalde del año 1917, un concejal de su equipo y la persona que hacía de depositario de los dineros municipales. Acusados de malversación de fondos públicos por la desaparición de 14.602.60 ptas. Esta fue la cantidad que se ingresó el Ayuntamiento por la fianza de los ediles encarcelados.

En aquellos momentos, la mayoría de los ayuntamientos no presentaban las cuentas en el periodo previsto. El Ayuntamiento de Astillero no había presentado las cuentas municipales desde el año 1919, aunque este caso que nos ocupa era de un año anterior; así que, lo mismo que sucedió en otros muchos consistorios, fue sometido a una inspección por parte del delegado gubernativo, el comandante Burgués, y, a tenor de las crónicas de L. Otero, parece que, el comandante, instó al juez a resolver o aligerar el proceso poniendo la fianza citada para que los presuntos defraudadores y, entendemos que, para ello, metió previamente en prisión a los ediles.

Siguiendo las indicaciones del Directorio Militar, que había declarado el estado de guerra, se disolvieron el Congreso y el Senado, las diputaciones y los ayuntamientos. En Astillero, el 3 de Octubre de 1923, el capitán de la Guardia Civil, Manuel Martínez Fiera, siguiendo las indicaciones del decreto de Primo de Ribera del 30 de septiembre sobre la disolución de los ayuntamientos, reúne a los concejales electos y les sustituye por otro grupo de personas. Este grupo de nuevos concejales que previamente habían sido convocados, que eran parte de los contribuyentes más destacados del municipio, eligieron un nuevo alcalde en la persona de Vicente Monar Soto.

Los once nuevos miembros de la Corporación Municipal elegida 'manu militari' coinciden con los contribuyentes sorteados en el mes de Mayo de 1923 como vocales de Junta Municipal. Para pertenecer a las juntas municipales se sorteaban los cargos de las mismas entre los mayores contribuyentes del Municipio, por lo que, en su mayoría, eran grandes propietarios, industriales o comerciantes. Por tanto, los agraciados con el sorteo realizado por los concejales electos del mes de Mayo anterior, fueron quienes tomaron ahora en sus manos el ayuntamiento.

Este grupo 'privilegiado' con la nueva responsabilidad eligió además como alcalde del 1er distrito a Felipe Gutiérrez Gómez, alcalde del 2º distrito a Ángel Campo Valle y, como síndico (quien representaba al común de los ciudadanos), a Eugenio Cortabitarte Cristóforo. Por la tarde, tuvieron que hacer una sesión extraordinaria para sustituirse a si mismos en la Junta Municipal y, por tanto, hacer un nuevo sorteo entre el resto de mayores contribuyentes.

En la sesión del 15 de febrero, Vicente Monar, el nuevo alcalde, comunica a los demás miembros que dos días antes han recibido del juzgado la cantidad de 10.602,60 ptas. ingresadas en la cuenta municipal de la sucursal del Banco Mercantil, procedente de la fianza de los detenidos por la supuesta prevaricación.

En esta misma sesión de febrero, el secretario municipal, «recuerda a la Corporación que hace más de un mes está sobre la mesa el balance de cuentas del último trimestre, sin haber sido aprobado, para exponerle al público» y es necesario crear una Comisión que examine las mismas. Todos los concejales presentan escusas para no formar parte de la citada comisión examinadora de cuentas, parece que la situación que se vivía no animaba a nadie a hacerse cargo de comprobar la contabilidad, y el secretario les dice que tendrá que consignar en el acta las excusas, para eludir su responsabilidad, con lo que al final, se guardó el miedo bajo los tapetes y se acabó formando la Comisión.

En la información que he manejado para realizar este artículo me ha parecido encontrar algunas lagunas sobre la situación anterior a la llegada de los militares. A pesar de ello, la situación que he descrito, con los datos conocidos, me pareció suficientemente esperpéntica como para dejar constancia de ello.

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