El secretario de El Astillero denuncia «graves y múltiples ilegalidades» en el Ayuntamiento

Con nombre y apellidos, el secretario de El Astillero señala directamente al alcalde como posible responsable de haber cambiado un documento sobre la situación laboral irregular del oficial de Obras y Servicios del Ayuntamiento, que llevaba casi dos años cobrando sueldo municipal pese a tener una pensión de invalidez permanente y total.

Según detalla el funcionario público, y como se puede comprobar en las actas de la reunión del 28 de febrero de la Junta de Gobierno Local, el informe de ese mismo mes fue manipulado para borrar la palabra «ilegal» cuando se refería a los pagos de la nóminas del Consistorio al trabajador en los dos últimos años. «El alcalde y su secretaria –un cargo de designación política– tienen acceso al programa que puede editar, cambiar o modificar acuerdos, lo que constituye una gravísima ilegalidad. Ni pueden ni deberían tener acceso a dicha plataforma, ya que no son funcionarios públicos», denuncia el secretario en su escrito.

El desencadenante de esta historia, en julio de 2022, es la prestación de incapacidad permanente en el grado de total que la Seguridad Social concede al oficial de Obras y Servicios del Ayuntamiento de El Astillero. Inmediatamente, este empleado registra una petición para que le recoloquen en otro puesto de trabajo compatible con su nueva situación, pese a que el convenio laboral del Ayuntamiento no lo permite –como el mismo secretario detallaría después– y que al tratarse de una incapacidad permanente sin previsión de revisión no puede cobrar un salario público al mismo tiempo que su pensión, ya que su contrato se da por extinto.

El comité de empresa notificó por carta en tres ocasiones distintas al alcalde, en octubre de 2022 y en enero y marzo de 2023, que el trabajador seguía en su mismo puesto de oficial de Obras y Servicios, cobrando la nómina municipal al mismo tiempo que su pensión. Sin embargo, desde el Ayuntamiento aseguraron a El Diario Montañés que esta persona fue recolocada en ese mismo departamento con otras funciones distintas. El pasado febrero, año y medio después, la delegada sindical entró al despacho del secretario municipal para denunciar esta situación sobre la que, dicen, no habían obtenido respuesta del alcalde durante todo ese tiempo, pese a las advertencias por escrito. Desde el equipo de gobierno informan, sin embargo, que dieron traslado a Recursos Humanos.

El funcionario asegura que hasta ese momento no tenía ningún conocimiento de este tema pese a ostentar las funciones de Jefe de Personal. Y emitió, entonces, un informe en el que comprueba y confirma, según sus palabras, que este empleado sigue trabajando en el Ayuntamiento pese a haber recibido la invalidez permanente no revisable, por lo que «los pagos de las nóminas se realizan de manera ilegal». Una palabra, esta última, que desencadenaría el siguiente problema.

Pocos días después, la Junta de Gobierno Local de El Astillero se reúne para dar la razón al secretario y desestimar, año y medio después de su solicitud, la reasignación del puesto del trabajador con incapacidad, así como para dar por extinto el contrato laboral. Para tomar esa decisión, se basan en el informe previo del secretario, un documento que adjuntan con un pequeño cambio respecto al que había firmado el funcionario unos días antes: había desaparecido la palabra 'ilegal'.

Este grave hecho provoca la reacción inmediata del secretario, que emite un duro informe en el que señala directamente al alcalde como responsable. En primer lugar, insiste en que el pago de las nóminas al trabajador en situación de incapacidad permanente constituye «una grave ilegalidad, además de un fraude ante la Seguridad Social». En segundo lugar, denuncia que su primer informe, en el que advierte de esta situación, fue «manipulado» para omitir la palabra 'ilegal'.

«El propósito es disimular u ocultar la advertencia de ilegalidad que la asesoría jurídica realiza en dicho informe», continúa el secretario, tachando de «capcioso» el método utilizado para hacerlo, desde el módulo de Acuerdos y Resoluciones del programa de expedientes.

Según el funcionario, el acceso a este sistema está restringido a pocas personas de la unidad de trabajo de Secretaría, y «curiosamente» a dos cargos políticos: el alcalde y su secretaria. «Llama la atención que estas dos personas puedan modificar los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, ya que no son funcionarios públicos, ni pueden, ni deberían tener acceso a dicha plataforma con la posibilidad de editar, cambiar o modificar acuerdos, lo que constituye una gravísima ilegalidad», denuncia el secretario municipal.

Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento negaron tajantemente estas acusaciones y aseguraron que ni el alcalde ni la secretaria accedieron ni, por tanto, editaron o manipularon ese documento. Incluso, a raíz de conocer este informe del secretario, se han modificado los permisos de entrada a este programa para que no pueda acceder ningún cargo político municipal.

Este asunto también se trató ayer mismo en el Pleno municipal de El Astillero a través de una pregunta realizada por la concejala del PSOE Judith Pérez, que no obtuvo respuesta por parte del alcalde, Javier Fernández Soberón. Los socialistas han consultado con su departamento jurídico y entienden que estos hechos pueden tener derivaciones penales, aunque de momento se desconoce si el secretario municipal ha denunciado en los juzgados lo ocurrido.

Alumno aventajado del expresidente cántabro Ignacio Diego y alcalde de El Astillero desde 2019, con una mayoría absoluta abrumadora desde el año pasado, Soberón se ha convertido en uno de los últimos supervivientes de Ciudadanos en todo el país, partido al que llegó hace cinco años desde el PP y que no ha abandonado pese a la descomposición sufrida en los últimos años. Habrá que ver ahora si estas graves denuncias del secretario municipal ponen en riesgo su permanencia en el Ayuntamiento.

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