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El desahucio de Lilian y su familia, residentes en una vivienda del número 13 de la calle Poeta Miguel Hernández de El Astillero, quedó suspendido este lunes después de vivirse episodios de fuerte tensión entre la Guardia Civil y las personas vinculadas al ... movimiento antidesahucios que se habían personado en el exterior de la vivienda. Era la cuarta vez que la jueza dictaba una orden de desalojo contra la familia, formada por tres adultos y dos menores, pero nunca antes se había requerido de tal despliegue policial para tratar de llevarlo a efecto. Finalmente, el desalojo no se produjo, pero sí fue preciso el uso de la fuerza por parte de los agentes, que terminaron reduciendo a un joven.
Transcurrían las nueve de la mañana y todo hacía preveer que la nutrida presencia de la Guardia Civil en las inmediaciones de la vivienda se materializaría en que, esta vez sí, el desalojo de Lilian, su hijo, su nuera y dos menores, se llevaría a efecto. La plataforma Stop Desahucios había convocado a los asistentes a las 9.15 horas en la calle Poeta Miguel Hernández para arropar a la familia y a esa hora, doce guardias civiles ya flanqueaban el acceso a la vivienda. Tenían una intención clara: garantizar que la orden de la jueza se cumpliera. La de los asistentes era justo la contraria.
La tensión se mascaba en el aire. Mientras la Guardia Civil permanecía impertérrita, siempre atenta a lo que sucedía justo en frente, con algún susurro, por medio de mascarilla, a oído entre compañeros, los asistentes lanzaban mensajes al aire: «¿Qué hacen ustedes aquí?», «Esto es ilegal» o «¿Dónde está su orden?», fueron algunos comentarios que salpicaron la escena. Faltaban cinco minutos para que el reloj marcara las diez de la mañana, y pasó casi desapercibida la procuradora, que se presentó en el lugar y se identificó ante la Guardia Civil. La llegada del cerrajero sería la que minutos después hiciera que esa tensa calma perdiera serenidad y ganara acción.
Pasadas las diez de la mañana –hora fijada para el desahucio-, el profesional al que se le había encomendado acceder el cambio de la cerradura, fue recibido con vítores del tipo «cerrajero, vende obreros» y algunos de los allí presentes trataron de bloquearle el paso. «¿A dónde vas?», le decían mientras algunos usaban su cuerpo para evitar que avanzara. Fue entonces cuando la Guardia Civil se desplegó y el forcejeo entre unos y otros fue inevitable. En medio de la agitación, que en cuestión de segundos parecía descontrolada, algunos de los allí presentes tiraron una de las vallas del perímetro policial y un joven acabó reducido.
Quien también pasó desapercibido fue un trabajador de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Astillero, que ha estado manteniendo contacto con la familia. Había accedido al inmueble para, minutos después, con un simple gesto con las manos, anunciar que el desahucio se había suspendido. Los aplausos de los allí presentes y los «sí, se puede», cobraron entonces protagonismo hasta que Lilian y su hijo bajaran al portal para agredecer, visiblemente emocionados, el apoyo recibido.
El portavoz de la plataforma, Roberto Mazorra, manifestó ante los medios de comunicación su disconformidad ante la acción policial. «Este dispositivo, que lleva desde las ocho de la mañana, es absolutamente ilegal. Estos señores no pueden personarse aquí y usar la fuerza bruta para reducir a la gente, que está teniendo una actitud absolutamente pacífica», aseguró, refiriéndose a uno de los asistentes, un joven de 18 años, que luego mostraría a los medios los arañazos y marcas del brazo.
Por su parte, Mazorra también cuestionó que esta última orden de desahucio se tramitara el pasado 28 de mayo, «en pleno esta de alarma», cuando, añadió, se supone se habían suspendido todas las órdenes en este sentido. «Este es el sexto desahucio que se para en plena pandemia», lamentaba indignado.
También Clayderman Zamora, el hijo de Lilian, habló de la «ilegalidad» del despliegue de la Guardia Civil y de la necesidad de su familia de salir adelante. «Nosotros no queremos vivir de gratis. Pero, parece mentira que con la que está cayendo, con lo que estamos pasando, que llevamos más de seis años aquí de alquiler, nos quieran echar a la calle», decía el hombre ante los medios de comunicación.
El presente desahucio no es el primero con el que ha tenido que lidiar esta familia de El Astillero. De hecho, ya han sufrido otros tres. Los de abril y octubre de 2019 y el del pasado mes de febrero fueron suspendidos en vía judicial por mediación de la plataforma. Con esta última paralización, Lilian y su familia podrán continuar residiendo, hasta nueva orden, en el domicilio actual. A partir de ahora, el fondo que impulsa el desahucio tendrá que volver a solicitar la ejecución del mismo y, entre tanto, la familia deberá ir buscando una alternativa habitacional, aunque según pudo conocer este periódico, la tramitación de emergencia no está en trámite.
La familia de Lilian sobrevive como puede, con los ingresos de ella, que rondan entre 500 y 700 euros al mes. Tanto su hijo como su nuera se encuentran en situación de desempleo desde hace tiempo, y además tiene dos menores a su cargo.
Lilian dejó hace tiempo de pagar el alquiler ya que no disponía de suficientes ingresos. Ella alquiló la casa inicialmente con un particular, que terminaría perdiendo la casa tras una ejecución hipotecaria. El inmueble pasó a manos de Liberbank; y, posteriormente, al fondo inmobiliario de la entidad bancaria, Beyos y Ponga. Con esta última, se firmó un nuevo contrato de alquiler y al poco tiempo, el inmueble acabó en manos del fondo buitre Desarrollos Las Peñicas. Se trata de un fondo financiero-inmobiliario que, según fuentes de la plataforma, «se ocupa de hacer el trabajo sucio a Liberbank y hacer negocio con el sufrimiento de las familias cántabras».
Al parecer, como han relatado en varias ocasiones desde la plataforma, Lilian padece continuos ataques de asma, ansiedad y depresión como consecuencia de la situación que vive junto a su familia.
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