El TSJC anula el abono de 1,2 millones en facturas sin fiscalizar de El Astillero

Las facturas eran un compendio de trabajos menores y otros contratos de servicios mayores, (algunos caducados) que se habían ejecutado en el año 2020 y desde el equipo de Gobierno se realizaron hasta tres juntas de gobierno para aprobar ese reconocimiento de pago. El problema fue que se hizo con el ejercicio ya cerrado, pero como dice la primera sentencia -que da la razón también a la oposición que denunció la práctica (PSOE y PRC en aquel momento)- esas facturas tendrían que haber pasado por la fiscalización del Pleno. «El alcalde Javier Fernández Soberón recurre aquella primera sentencia aún sabiendo que está bien fundada y es demoledora porque las elecciones estaban próximas», explica ahora el exalcalde y uno de los denunciantes, Francisco Ortíz (PRC), que en la presente legislatura ya no tiene escaño en la Corporación. Ortiz deja claro que la oposición no pudo acceder a esas facturas «ni a los expedientes» de las contrataciones por si hubiera algún reparo técnico. «Está claro que había gato encerrado, porque sino no hubieses impedido verlas», dijo.

Utilizando el mismo argumento -el del interés «electoralista»- se defiende también la parte condenada. Desde la portavocía del equipo de Gobierno de Cs, el edil Alejandro Hoz afirma que PSOE y PRC utilizaron «un problema» menor y técnico «de imputación contable» como arma ante la cercanía de los comicios y aseguraron que se les había vuelto «en su contra», alegando que el PRC ya no tenía representación. «La gente ha visto que era una oposición de acoso y derribo y han desaparecido», opinó Hoz al preguntársele sobre el asunto.

Hoz reconoció que la sentencia no les era favorable, pero resto importancia al tema ya que no tenía mayor efecto a corto plazo ni repercusión en las arcas. «Acataremos la sentencia y haremos el pleno para aprobar las facturas e imputar el gasto al año 2021, en vez de al 2020», expresó. Negó también las acusaciones de «falta de transparencia» por no acudir al pleno con ellas mediante la figura de reconocimiento extrajudicial de créditos. «Tenían acceso a las facturas en las comisiones, no estaban ocultas y el Tribunal de Cuentas (TC) archivo cualquier tipo de irregularidad contable», precisó. Al respecto, en noviembre de 2022, el TC no vio indicio de delito en ellas.

No obstante, Ortiz recuerda que lo hizo con una sentencia que estaba «pendiente de recurso» y que ahora ha vuelto a dar la razón a la oposición. «La sentencia dice que es ilícito y lo hace sin perjuicio de las responsabilidades que procedan, incluidas las contables ante el Tribunal de Cuentas y las penales, por esa forma de actuación» cita textualmente Ortiz. El caso «no está cerrado», insiste.