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Los vecinos del barrio Obrero, en el municipio de El Astillero, han hecho un contraanálisis técnico de la situación que afecta a sus inmuebles, declarados ... en ruina urbanística y económica hace unos cuatro meses por el Ayuntamiento. En un informe, presentado esta semana por el administrador de la comunidad, consideran que la reparación de los desperfectos que sufre la estructura rondaría los 50.000 euros y no los 170.000 que acreditaba la arquitecta municipal, por lo que el edificio no tendría la consideración de ruina y tampoco tendría que ser desalojado ni demolido. Ahora, será la arquitecta municipal quien resuelva y determine si es factible la solución propuesta por los vecinos o si por el contrario, su informe de demolición inminente es determinante.
La situación estructural del edificio del barrio Obrero -referido a los números 4 y 6- sigue analizándose en los despachos, dentro y fuera del Ayuntamiento astillerense. Son las viviendas de ocho familias las que están en juego y su seguridad dentro de un edificio de unos cien años de antigüedad, sobre el que los técnicos municipales ya advirtieron el «grave riesgo» que sufrían los inquilinos.
Aquellos informes técnicos que salieron desde el Ayuntamiento -firmados por el arquitecto técnico y la arquitecta municipal- dieron la voz de alarma y los vecinos, tras ser instados al desalojo inminente, solicitaron hasta en tres ocasiones una ampliación del plazo -que les fue concedido- para poder encargar a una empresa externa un estudio pormenorizado del estado en el que se encuentra el subsuelo del edificio y la estructura.
El documento en cuestión llegó a la sede consistorial el pasado miércoles, 19 de febrero, y en él se concluye que, a tenor por las evaluaciones realizadas, el edificio podría ser rehabilitado por un valor cercano a los 50.000 euros (un precio inferior al 40% del valor del inmueble) y, por tanto, no sería objeto de la ruina económica y urbanística.
Esta conclusión contradice la de la arquitecta municipal, que valoró los trabajos globales en unos 170.000 euros. En primer lugar, porque existía una «ruina económica», al considerar que los trabajos de consolidación y conservación necesarios para subsanar dichas deficiencias «superarían el 50% del valor del edificio». Y en segundo lugar, una ruina «urbanística», al quedar «fuera de ordenanza» y «no ser admisibles obras por importe superior al 40% del valor del inmueble».
Ahora será la arquitecta quien resuelva el procedimiento y analice el estudio presentado por la comunidad, en base al acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptada el pasado jueves, día 20 de febrero.
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