131 afiliados del PP de Laredo exigen a la dirección regional elecciones al comité local

Un total de 131 afiliados del PP de Laredo expresaron su «indignación» con la actual situación del partido en la villa pejina y reclamaron a la presidenta regional, María José Sáez de Buruaga, «la convocatoria urgente del congreso local pendiente según los estatutos». A través de un comunicado, los afiliados reclaman «democracia» a la líder cántabra del PP, a quien recuerdan que el pasado 19 de enero ya le remitieron un escrito con sus reivindicaciones. «Ante la falta de respuesta oficial, no nos quedará más remedio que acudir a los tribunales de justicia, tanto civiles como penales, en defensa de nuestros derechos», advirtieron.

Entre los afiliados que forman parte de este movimiento se encuentran militantes históricos como el ex alcalde Ángel Vega, así como antiguos concejales como Benito Ortiz o Ramón San Julián y Laura Recio, quien encabezaría la lista que propone este grupo de militantes. Todos ellos quedaron apartados de la dirección del partido antes de las elecciones de 2019, en un movimiento que les pilló de imprevisto, toda vez que habían ratificado semanas atrás a Alejandro Liz como cabeza de lista de consenso entre las distintas sensibilidades.

En la otra orilla del partido quedó el bando triunfador, encarnado por el propio Alejandro Liz, actual portavoz del grupo municipal, y Miguel González, actual presidente del Comité Local. La contienda electoral se saldó con un batacazo histórico para la formación, que apenas logró retener tres de los diecisiete concejales en juego.

Desde entonces comenzó a librarse una batalla sorda por hacerse con la dirección del partido, en la que que la convocatoria de elecciones al comité local resultaba clave. Pero distintas circunstancias, como la propia pandemia o el relevo al frente de la dirección nacional del PP, demoraron esta cita estatutaria. Un cierre en falso que, tras un incesante cruce de mensajes soterrados, ha acabado por aflorar a pocas semanas de las elecciones.

A nadie le pasa desapercibido que, a diferencia de lo acontecido en otros municipios de Cantabria, la dirección regional aún no ha confirmado quién liderará las listas de Laredo. Una plaza que resultó decisiva en la lucha fratricida con la que la que la propia María José Sáez de Buruaga se impuso a Ignacio Diego en la disputa del poder regional. Un lance en el que los actuales contendientes cerraron filas en torno a la elegida. Durante las últimas semanas se han sucedido todo tipo de movimientos con el objetivo de fraguar una integración que, a la vista del escrito, parece no haberse alcanzado.

Desde la dirección regional del PP se limitaron ayer a explicar a este periódico que «los estatutos del partido permiten un margen de discrecionalidad para retrasar la celebración de las asambleas locales, circunstancias entre las que se incluye el periodo electoral». A estas declaraciones se acogen tanto el portavoz del grupo municipal, Alejandro Liz, como el presidente del comité local, Miguel González, para no enturbiar unas aguas que bajan más revueltas de lo deseable en la villa pejina.

Los afiliados que rubrican la nota también enviaron un burofax al presidente nacional del PP, Alberto Nuñez Feijoo, el pasado 23 de enero, para informarle de su situación. «No podemos ni debemos confundir democracia con conflicto, tal como al parecer hace nuestra presidenta autonómica», le indicaron. En dicha comunicación criticaron que Buruaga negase la existencia de un conflicto «pese a lo injusto de la decisión tomada en su día por el Comité Ejecutivo autonómico, cargándose la Junta Directiva anterior», señalan.

Los firmantes del escrito informan asimismo de «la voluntad de acudir a cuantos medios en derecho procedan en defensa de los intereses de los afiliados y del cumplimiento de los Estatutos Nacionales y la Ley de Partidos Políticos». En este sentido, consideran que «no es de recibo» el argumento que les dan desde la sede regional de que «no nos dejan» convocar dicho congreso. «Ello implicaría involucrar a la dirección nacional del partido en una situación manifiestamente ilegal», concluyen.