La alcaldesa de Laredo cree que no se han vulnerado derechos de los ediles

Losa aseguró, en declaraciones a EFE, que se tomó la decisión de sacar el decreto por una circular de la Consejería de Presidencia que, debido a la pandemia y el estado de alarma, apuntaba a la suspensión. «Fuimos escrupulosos en hacer todo lo que nos mandaban y esa circular decía que no se hiciera ningún acto», apuntó la regidora.

Según señaló, el pleno que se suspendió fue el ordinario de finales de marzo. Después llegó otra circular que sí reconocía «que no se podía privar a los concejales de sus derechos» y el Ayuntamiento rectificó y convocó plenos y juntas de gobierno. «Hicimos doce juntas de gobierno seguidas, tres por semana, y se levantó el decreto el 30 de abril, y en mayo se hizo el pleno anulado de marzo».

Losa insiste en que después se han hecho más plenos ordinarios y extraordinarios. «Justo en abril ya se empezaron a hacer sesiones». Por eso, Losa considera que «no se ha vulnerado ningún derecho» y recuerda que en otros ayuntamientos, como el de Castro, hicieron lo mismo que Laredo tras recibir la circular de la Consejería, y también anularon sesiones. «Lo que hicimos fue cumplir escrupulosamente a medida que nos llegaban las circulares».

En la sesión plenaria ordinaria de julio y la Corporación pejina aprobó, con los votos a favor del tripartito de gobierno (PSOE-PRC-SSPL) y de UxL, una modificación presupuestaria de 330.042 euros que irán destinados a gastos de equipamiento y mobiliario de la Casa de Cultura, del colegio Villa del Mar, reposición de inversiones y dotación de equipamiento en instalaciones deportivas, vestuario y material para la Policía Local y reposición de luminarias, así como dotar de crédito para hacer frente a la opción de compra ejecutada sobre un contrato de leasing para la adquisición de dos vehículos de la Policía Local.

Por otro lado, la Corporación municipal pejina, tras un amplio debate con diversas dudas jurídicas de por medio, acordó con los votos favorables de PSOE y PRC, aplicar una bonificación del 95% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Gobierno de Cantabria respecto las diferentes instalaciones del puerto deportivo de Laredo.