El arquitecto municipal de Laredo acusa al alcalde de malversación de fondos públicos

Según confirmaron ayer a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), la querella -que se presentó a finales de mayo- ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Laredo, que ya ha practicado las primeras diligencias con la solicitud de diversa documentación al Ayuntamiento pejino.

Aunque la querella va dirigida contra el regidor pejino, el funcionario la hace extensiva a «otras personas que en la fase de instrucción del procedimiento pudieran aparecer como coautores o cómplices, e igualmente a todos aquellos hechos que queden al descubierto y que pudieran constituir un delito diferente a los ahora perseguidos».

El arquitecto municipal hace una detallada exposición de las empresas a las que el alcalde ha recurrido para realizar una serie de trabajos que entiende que deberían y podrían haber realizado los funcionarios municipales. Una de estas entidades, en concreto una ingeniería, ha llegado a acometer hasta una treintena de trabajos que han supuesto al Ayuntamiento un desembolso de 102.612 euros desde que comenzara la presente legislatura hasta la actualidad. De entre todos esos trabajos destacan, por su importe, el proyecto de urbanización de los barrios de San Lorenzo y El Pelegrín (15.984 euros), un informe del traspaso de gestión del polígono industrial al Gobierno regional (6.213 euros) o el pliego de cláusulas técnicas para sacar a concurso la reparación de la piscina municipal (4.416 euros).

Respecto a esta empresa, el querellante hace mención especial a tres proyectos. Uno es el referente a la elaboración de un informe pericial de la cabida de la finca situada en la Avenida de la Libertad, 11, «un encargo que es totalmente innecesario ya que en relación a esa finca existe un auto del Juzgado previo que establece perfectamente dicha cabida». Además, se hace mención a dos trabajos que se circunscriben dentro del conjunto histórico artístico de la Puebla Vieja, como son el proyecto de reconstrucción de la Puerta de Merenillo y el de restauración del lienzo norte de la Muralla Medieval, «que tienen que ser elaborados por un arquitecto y no por un ingeniero».

Por otro lado, el arquitecto de Laredo pone en cuestión la contratación de otro ingeniero para la realización de dos trabajos en 2016, consistentes en la elaboración de una propuesta para modificar puntualmente el Plan General de Laredo en el Sector IV (donde está la Campa de los Caballos) y la redacción de la modificación del estudio económico financiero de dicho plan, por importes de 1.452 y 2.420 euros, respectivamente. «Ambas tareas están adjudicadas en exclusiva al querellante, que emitió informe en relación estos proyectos y finalmente fueron desestimados, aunque sí pagados».

Además, el funcionario pejino cita a una tercera empresa de ingeniería que se encargó de elaborar el proyecto y dirección de obra del graderío del campo de fútbol (aunque esta última tarea finalmente la llevó a cabo la empresa que ha realizado una treintena de trabajos) y dice que «salvo el cálculo de la estructura, el resto pudieron y debieron realizarlo los técnicos municipales».

El querellante también cuestiona la contratación por parte del alcalde pejino de dos arquitectos externos. Uno para el proyecto básico y ejecución de reforma del antiguo Ayuntamiento, por 5.929 euros, más el visado de dicho proyecto (1.206 euros), «visado que pudo evitarse si el proyecto lo hubiesen realizado los técnicos municipales». «A este profesional se le ha encargado la dirección de obra del proyecto, estando actualmente sin finalizar, y desconociendo el importe del mismo». El otro arquitecto se contrató para la realización del proyecto y dirección de obra de la instalación de un ascensor en la Casa del Mar, por importe de 2.210 euros.

Finalmente, el arquitecto denuncia la contratación de un abogado para el asesoramiento jurídico en hasta doce asuntos, «a pesar de que el Ayuntamiento cuenta con técnicos jurídicos que pueden y deben realizar dichas labores, en concreto el secretario y la letrada municipal y los técnicos de Administración General, de Contratación, de Licencias y de Patrimonio».

El arquitecto considera que la conducta de López Visitación se integra en el artículo 432 del Código Penal, relativo a la malversación, y que señala que «se impondrá las penas de prisión de cuatro a ocho años (...) si se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público o el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de los 50.000 euros».

Finalmente, el querellante solicita al Juzgado una serie de diligencias como el interrogatorio del alcalde, una documental referente a los encargos técnicos y jurídicos, y la declaración de seis funcionarios y un concejal como testigos.