Los comerciantes del Mercado de Abastos recurren al Contencioso para evitar su desalojo

De ambas circunstancias ya es conocedor el propio Ayuntamiento pejino, al estar personado en la causa. Y es la alcaldesa quien ahora tiene en su mano la decisión de ejecutar o paralizar el lanzamiento, dado que los actos municipales como el decreto de lanzamiento son potestativos. La propia Rosario Losa ha confirmado a este periódico que «vamos a seguir el procedimiento legalmente establecido que los técnicos municipales me indiquen».

Aquí es donde cobra especial relevancia el punto tercero de la resolución de Alcaldía dictada el pasado día 7. En ella se abría la posibilidad de interponer un recurso potestativo, en cuyo caso la resolución habría de llegar en un mes. La otra opción, que finalmente ha sido la elegida, era optar por la impugnación directa ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

El escenario judicial podría llevar a que la resolución definitiva llegase tras las elecciones, dando solución a lo que desde el principio la parte de los comerciantes entiende como una cuestión política y no jurídica. De hecho, su postura pasa por entender detrás de todas las actuaciones del equipo de Gobierno municipal un intento deliberado por erradicar el Mercado de Abastos en su actual configuración. Un aspecto en el que creen determinante la existencia de una demanda social al respecto de su continuidad, tal y como establece la ley para municipios con más de 5.000 habitantes.

Esta misma semana está prevista la comparecencia en un pleno extraordinario del concejal de Patrimonio, el regionalista Antonio Bocanegra, para dar explicaciones sobre este expediente. Mientras tanto, las obras de rehabilitación, licitadas por la Consejería de Turismo, siguen a la espera de que se formalice la adjudicación definitiva a favor de la empresa Excavaciones González Vega SL. Esta mercantil, única licitadora a concurso, presentó una oferta de 695.508 euros, tan sólo 200 euros inferior al precio de salida marcado por el Gobierno de Cantabria. Los trabajos tienen un plazo de seis meses. El pasado lunes el Parlamento de Cantabria rechazó respaldar el realojo y la contiuidad de los asentadores.

Los comerciantes manejan como pueden el escenario de incertidumbre que les mantiene en vilo. «No sabemos a qué atenernos, porque nos sentimos desde el principio en manos de decisiones arbitrarias que impiden que podamos defendernos», reiteran una y otra vez. En su postura, lo que más les indigna es el trato recibido por parte del equipo de Gobierno. «Nos están maltratando, mucho peor que si fuéramos okupas, con los que seguro que no se hubieran atrevido a proceder de esta manera llena de inhumanidad», destacan.

En este sentido, insisten en situar el conflicto en la perspectiva que ellos entienden como correcta. «Nosotros somos las víctimas de una irregularidad perpetrada por el Ayuntamiento hace 15 años, cuando caducaron las concesiones y estaban obligados a dar los pasos para su renovación», insisten. «Lejos de hacerlo, decidieron seguir cobrando las tasas y dieron carta de naturaleza a nuestra situación. No puede ser que jueguen así con nuestro medio de ganarnos honradamente la vida», concluyen.