Comienza el desalojo de los primeros vecinos del Edificio Tenis de Laredo

Con este fin, a la entrada del edificio se pudieron ver varios camiones de una empresa de mudanza listos para iniciar el traslado de muebles y demás enseres de algunas de las familias que residen en el edificio. «No va a haber nada mayoritario hasta ver qué pasa, pues todavía estamos en plazo para presentar un recurso a la Sala y estamos viendo qué se puede hacer», explicó ayer Beaskoetxea, quien actúa como portavoz de los 70 propietarios. Adelantó también que habrá que esperar hasta mañana lunes o el martes próximo para conocer sus futuras actuaciones.

Estos primeros desalojos se producen pocos días después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) hiciera público un auto en el que requiere personalmente a la alcaldesa de Laredo, Charo Losa (PSOE), para que lleve a efecto el realojo de los vecinos y todas las actuaciones necesarias antes del lunes, 3 de mayo, e informe a la Sala sobre dicha actuación, para que al día siguiente, 4 de mayo, se pueda iniciar la ejecución de las obras.

Advierte la Sala en este auto, que, en caso de no cumplirse este requerimiento, el tribunal impondrá una multa coercitiva. Pero no solo eso, sino que «cada día de retraso en la ejecución de los realojos supondrá la imposición de nuevas multas o acudir a cualquiera otro de los mecanismos del artículo 112 de la LJCA (Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa), incluido elevar testimonio de las actuaciones al juzgado de guardia y al Ministerio Fiscal, para que puedan comprobar la existencia de posibles responsabilidades penales».

Hay que recordar que el pasado 12 de marzo, los vecinos del Tenis frenaron el inicio de los trámites del derribo parcial del edificio al negarse a poner sus viviendas a disposición del Ayuntamiento por no haberles facilitado el desalojo ni el realojo previo. Días después, la Sala emitía un auto en el que anulaba el decreto de Alcaldía de 12 de febrero que daba lugar al inicio de la obra y «que contenía aseveraciones relativas a que todos los gastos que lleve aparejada la ejecución de la sentencia, incluidos los gastos del desalojo y realojo, vayan a repercutirse a los vecinos». También amenazaba con cortes de suministro y con no realizar las obras de remate interior de las viviendas.

La Sala anuló el decreto porque consideró que «la única finalidad que tiene es eludir parte de las obligaciones derivadas de la ejecución de esta sentencia, siendo reiterada la voluntad obstativa del Ayuntamiento, único responsable ejecutado».

Posteriormente, el tribunal requirió a la alcaldesa pejina para que antes del 23 de abril informara del plan de realojo proyectado por el Ayuntamiento, a lo que Charo Losa respondió indicando que la previsión es realojar a los vecinos empadronados en el edificio en viviendas de alquiler, con un coste de hasta 600 euros al mes, a través de una agencia inmobiliaria de la localidad. Pero el Ayuntamiento manifestó que no tenía resuelto el tema de los guardamuebles. Y tampoco aportó calendario de realojo, «a pesar de que tenía que haberse llevado a cabo hace más de un mes, suponiendo la demora un aumento de los costes, por el retraso, de la demolición ya proyectada».

El inicio de las labores de derribo parcial del Edificio Tenis de Laredo, que acometerá la empresa Tragsa, supondrá dar cumplimiento a una sentencia que data de noviembre de 1992. Esta sentencia y el auto firme para su ejecución de fecha 20 de enero de 1999 ordenaban al promotor y a los propietarios del inmueble la demolición de los vuelos o terrazas de la edificación, así como de todo lo construido bajo cubierta por encima de la línea teórica de 45 grados.