Cuatro formaciones con diez ediles integran el nuevo equipo de gobierno de Laredo

Las urnas proclamaron al PP, encabezado por el actual alcalde Miguel González, como la formación más votada, que sacó petróleo a los tres votos que le distanciaron de Hacemos Laredo. González vivió su propia crisis con el partido en el año 2007 cuando se unió a la formación fundada por Alejandro Liz, Impulso por Laredo (IPdL), para competir con la listar popular, a la que regresaría años después. La representación del PP en Laredo se completa con Elena Odriozola, segunda teniente de alcalde y exconcejal con el PRC en la legislatura de 2007-2011, y Alberto Alvarado, cuarto teniente de alcalde. Ambos accedieron a la lista popular en el intento de González por renovar el partido tras la salida de los críticos en las semanas previas a la convocatoria electoral.

Tras las elecciones, las primeras conversaciones de los populares para formar gobierno fueron con sus antiguos compañeros de filas, ahora Ola Cantabria, con quienes firmaron un pacto que permitió a Laura Recio ocupar el puesto de primer teniente de alcalde y a los populares constituir la Junta de Gobierno Local y repartir las áreas de gobierno. Benito Ortiz, por su parte, sería tercer teniente de alcalde.

Con un panorama en el que tan solo cinco de los diecisiete concejales tenían cargos de responsabilidad, en agosto, la coalición Izquierda Unida-Podemos selló un acuerdo con el equipo de gobierno pejino por el cual los dos ediles de IU-Podemos, Alejandro Abad y David Palacio, pasaron a gestionar cinco áreas, una de ellas la recién creada Concejalía de Igualdad, la cual supuso una cesión de los populares para rubricar un inusitado pacto que desde la coalición de izquierdas se esforzaron en aclarar que no era más que una «colaboración con el equipo de gobierno». Abad y Palacio no entraron a formar parte de la Junta de Gobierno Local, aunque la acción sirvió para que ambos se colocaran en el punto de mira de las direcciones generales de sus respectivos partidos que valoraron expedientarlos por el acuerdo.

Una vez asegurado el apoyo de Izquierda Unida-Podemos en el Pleno, el equipo de gobierno de Laredo (ya con siete concejales) seguía sin alcanzar la mayoría absoluta, por lo que los obstáculos para llegar a acuerdos continuaron a la orden del día, Uno de los puntos que más preocupación causó a Miguel González era la aprobación del Presupuesto para 2024. Bajo este pretexto, el alcalde popular buscó en las últimas semanas el acercamiento de Hacemos Laredo (HL) con el fin de obtener la mayoría absoluta y garantizar la luz verde del documento para este año, que previsiblemente se aprobará el próximo lunes.

Finalmente, los de Rosalina López Visitación cerraron su alianza con el equipo de gobierno la semana pasada. El acuerdo suponía para la portavoz de la agrupación asumir la gestión de tres concejalías, obteniendo dedicación exclusiva y convirtiéndose en la quinta teniente de alcalde. Así las cosas, el Ayuntamiento de Laredo cuenta actualmente con cinco concejales liberados. El salario bruto del alcalde es de 48.368 euros anuales mientras que el resto de los ediles liberados perciben 40.020 euros al año.

El acuerdo alcanzado hace pocos días con Hacemos Laredo ya ha dado sus primeros resultados. La Corporación celebraba ayer una sesión plenaria de carácter extraordinario que había solicitado la oposición en bloque para echar atrás la licitación de los puntos de recarga de vehículos eléctricos. En la sesión, el alcalde consiguió paralizar la anulación de esta licitación con su voto de calidad al haberse abstenido los tres concejales de HL. Así, los siete votos a favor de la menguada oposición no fueron suficientes para revocar la adjudicación, que contó con los apoyos del PP, Ola Cantabria y la coalición IU-Podemos y la abstención de Hacemos Laredo.

En el Pleno, los partidos del equipo de gobierno no entraron en el debate, a excepción de Hacemos Laredo. Así, acabados los turnos de intervención, González se limitó a desmontar las acusaciones del portavoz de Unidos x Laredo, Ramón Arenas, quien capitaneó desde el inicio el proceso que colocaba el pliego de condiciones de los 24 puntos de recarga para vehículos eléctricos en el punto de mira por supuestas «irregularidades».