El derribo parcial del Tenis de Laredo dará inicio el 12 de marzo

12 de marzo. Esa es la fecha que aparece en rojo en un Decreto de Alcaldía suscrito por la regidora pejina, Charo Losa (PSOE), para que la empresa pública Tragsa comience los trabajos de demolición parcial del Edificio Tenis de Laredo. Se daría así cumplimiento a la sentencia firme de 16 de noviembre de 1992 y el auto firme para su ejecución de fecha 20 de enero de 1999, que ordenaba al promotor y a los propietarios del inmueble la demolición de los vuelos o terrazas de la edificación, así como de todo lo construido bajo cubierta por encima de la línea teórica de 45º.

Según se recoge en ese decreto, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, a las 09.00 horas de ese día las llaves del edificio tendrán que estar a disposición de Tragsa -encargada de la ejecución de las obras por orden de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC)- a efectos de levantar el acta de comprobación de replante.

Asimismo, mediante ese decreto, la alcaldesa pejina ordena el desalojo (mudanza incluida de los enseres y mobiliario) y vaciado de la totalidad del edificio y puesta a disposición del mismo a la empresa Tragsa, «a los efectos oportunos de cuantas actuaciones procedan en ejecución de sentencia». Además, se indica a los interesados que «es su derecho y obligación retirar cuantos muebles tenga en la construcción a demoler, actuación que habrá de ser efectuada con anterioridad a la fecha de entrada a efectos de la demolición acordada». Asimismo, se advierte a los vecinos que «de no retirar los muebles se les tendrá por abandonados, continuándose con la demolición, encontrándose exonerado el Ayuntamiento de cualquier responsabilidad».

Del mismo modo, la alcaldesa pejina informa que ese día se procederá al corte de servicios (suministro y evacuación de aguas, electricidad y telefonía). Y advierte a los propietarios de las viviendas que finalizada la actuación municipal «tendremos una obra sin finalizar interiormente que los propietarios deberán rematar por su cuenta, solicitando previamente las licencias urbanísticas correspondientes».

En el proyecto original de demolición de la empresa Pentia se establecía un plazo de ejecución de seis meses «sin presentar ningún cronograma de obra que lo desarrollase o explicase», según apunta Tragsa en su memoria de actuación, donde manifiesta que dicho plazo es del todo «insuficiente». De ahí que haya presentado al TSJC un cronograma de ejecución de obra de 15 meses de plazo, «ajustándose a las unidades de obra que componen su presupuesto retarifado».

Ayer, el Ayuntamiento pejino remitió una nota de prensa en la que anunció que ha informado y aclarado las dudas a los afectados sobre las próximas actuaciones para continuar con la ejecución subsidiaria de la sentencia.