Desestiman las demandas patrimoniales de otros cuatro vecinos del Tenis de Laredo

En total, la cantidad que reclamaron al Consistorio pejino en los tribunales ascendía a 26,8 millones de euros (casi medio millón por vivienda y 12.000 euros por daños morales).

Lo que no esperaban es que la Justicia rechazara sus pretensiones con los mismos argumentos que ya utilizó en un primer momento el Ayuntamiento de Laredo. Y es que el plazo para realizar ese tipo de reclamaciones ha prescrito.

Según la información a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, los Juzgados de lo Contencioso Administrativo Nº2 y 3 de Santander han desestimado las demandas de 5 de los 54 demandantes, y todo parece indicar que el resto correrán la misma suerte. No obstante, hay que decir que las resoluciones no son firmes, ya que contra ellas cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso del TSJC.

En sus demandas, todos los vecinos denuncian que la fecha a considerar para establecer la prescripción del plazo de un año para reclamaciones de responsabilidad patrimonial debía fijarse a partir del decreto de Alcaldía de 12 febrero de 2021. Ya que, según apuntan, al tener conocimiento de las consecuencias de la ejecución de la sentencia y de que como consecuencia de ella se les iba a devolver un edificio en obras que no podrían habitar, es cuando deciden presentar reclamación de responsabilidad patrimonial, incluso anticipándose a la efectiva demolición.

Frente a esta pretensión, el Ayuntamiento pejino se ha opuesto «por considerar extemporánea dicha reclamación». A su entender, los vecinos tuvieron conocimiento de la anulación de las licencias del edificio en septiembre de 2009. «A partir de ahí pudieron considerar si ejercían su derecho a indemnización por daños. Es decir, con bastante anterioridad al 12 de febrero de 2022, pudieron presentar ante el Ayuntamiento de Laredo la solicitud de reconocimiento de responsabilidad patrimonial por los daños causados por las obras de le ejecución».

En una de sus últimas sentencias, la magistrada del Juzgado de lo Contencioso Nº2, Dolores Martínez, apunta que el Ayuntamiento pejino ha aportado un auto del TSJC de 16 de septiembre de 2009 mediante el que se acredita que, en noviembre de 2008, la Comunidad de Propietarios del Tenis estaba personada en la referida ejecución. «La demandante forma parte de dicha Comunidad, que está personada en la ejecución desde 2008, por lo que no se puede sostener un desconocimiento del estado de las actuaciones. No se puede sostener, ni mínimamente, que la demandante no haya tenido conocimiento de las consecuencias de la ejecución hasta que se notifica el Decreto de Alcaldía de 12 de febrero de 2021».

La magistrada señala que, tal y como alega el Consistorio laredano y siguiendo el mismo criterio de otras sentencias dictadas por su juzgado y el número 3, «el alcance material de la ejecución se concretó con el proyecto de obras de demolición elaborado en el año 2008 por Ingeniería Pentia, estando la Comunidad de Propietarios personada en la ejecución en relación a dicho proyecto». «Igual conocimiento del alcance de la obra tenía la demandante cuando, mediante auto de 16 de septiembre de 2016, el TSJC desestimó el incidente de imposibilidad de ejecución material».

Por todo ello, la juez concluye que «la acción ejercitada por la demandante ha prescrito al transcurrir más de un año desde que se tuvo conocimiento del alcance de la ejecución».

Al margen de estas sentencias, el Ayuntamiento de Laredo está a la espera de que el TSJC resuelva su recurso frente al auto que le obligaba a depositar, en el plazo de un mes, una cantidad que sirva para garantizar a los propietarios de las dieciséis viviendas del bajo cubierta del edificio Tenis la totalidad del valor de sus inmuebles. La cifra rondaría los cinco millones de euros, según el abogado de los vecinos.