El estado de «dejadez» del Ensanche de Laredo llega al Defensor del Pueblo

La Asociación de Vecinos El Ensanche, que cuenta con 2.500 socios, ha elevado una queja al Defensor del Pueblo «ante el estado tan lamentable de mantenimiento que presenta desde hace varios años este distrito del municipio pejino». Se refiere al espacio que se extiende desde la rotonda del Carlos V hasta el Puntal. Su urbanización se inició a partir de los años 60, con el boom del turismo francés, que en los años 80 fue relevado por los nuevos propietarios procedentes del País Vasco.

Aunque muchos de ellos tienen estas propiedades como segunda residencia, lo cierto es que en el Ensanche habitan 1.200 laredanos empadronados, lo que supone un 12% del total del censo de Laredo.

Unos y otros soportan uno de los IBI más elevados de toda España, con unos coeficientes que en los años 90 se subieron al máximo legal para sufragar, precisamente, los equipamientos públicos de la zona. «Impuestos de primera para servicios de tercera», resume una de sus proclamas. E insisten en sentirse «discriminados» en comparación con los vecinos de otros barrios más céntricos.

El presidente de la Asociación, José Ángel Cobo Carrera, ha dirigido en primera persona la misiva al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. En el escrito se hace eco del enfado vecinal «ante el deplorable aspecto de conservación» que presenta el barrio en el que residen.

Entre otras incidencias, destacan la abundancia de baches en el asfalto y el adoquinado reventado a lo largo de los kilómetros de aceras y viales que recorren esta zona trazada en grandes avenidas paralelas a la playa Salvé. También subrayan el defectuoso estado de muchas luminarias, tanto en las calles como en el paseo marítimo, acrecentando la sensación de abandono. Y denuncian de forma enérgica «el nulo mantenimiento durante muchos meses del año de las zonas verdes, especialmente en los parques de Cenon y Los Tres Laredos». Unos equipamientos donde ponen de manifiesto «la falta de reparación del mobiliario urbano y la limpieza de monumentos, así como la existencia de barreras arquitectónicas».

El escrito de queja va acompañado de un dossier con 150 fotografías que ilustran esta situación. En uno de sus párrafos, Cobo pide al Defensor del Pueblo «que inicie, dentro de sus competencias, todos los trámites necesarios para instar al Ayuntamiento de Laredo a que cumpla con sus deberes legales como administración local pública». Además, le conmina a advertir al Consistorio «de una posible dejadez de sus funciones y obligaciones para con esa zona».

Aunque desde la oficina del Defensor del Pueblo les han asegurado que contestarán a su reclamación en un plazo inferior a tres meses, Cobo ha solicitado una entrevista personal con Gabilondo. «Queremos transmitirle de primera mano la injusticia que se lleva cometiendo con esta zona de Laredo sin que nadie haga nada al respecto», destaca.

El presidente de la Asociación de Vecinos recuerda, finalmente, que su directiva ha mantenido, a petición propia, dos reuniones con el equipo de gobierno local para trasladar sus reivindicaciones, sin que hayan dado resultado. También se lamenta de que «nadie de la oposición se ha interesado, a través de la asociación, por la problemática de los vecinos».