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El titular del Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Santander, Luis Acayro Sánchez, considera que el equipo gobierno de Laredo (PSOE-PRC-SSPL) ha vulnerado el derecho fundamental a la participación política del artículo 23 de la Constitución Española al convocar durante el estado ... de alarma sanitaria sesiones de los órganos de gobierno municipal colegiados «de forma presencial sin ofrecer medios telemáticos a aquellos concejales que por su situación de grupo de riesgo lo necesitaban». Además, el magistrado ha anulado el Decreto de Alcaldía de 17 de marzo por el que se acordaba «suspender la celebración de las reuniones o sesiones de los órganos colegiados en sesión ordinaria, incluidas las mesas de contratación que deban desarrollarse durante el periodo en que esté en vigor el estado de alarma, hasta cuando la situación epidemiológica pase y no exista peligro para la salud pública».
De esta forma, el juez Acayro, que impone las costas al Ayuntamiento pejino, estima el recurso contencioso presentado por los tres grupos de la oposición pejina (PP, Hacemos Laredo y Unidos x Laredo, si bien es cierto que el fallo no es firme y cabe recurso de apelación ante la Sala del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cantabria) en el plazo de quince días.
Fue el pasado 20 de marzo cuando los grupos de la oposición pejina denunciaron la «deriva autoritaria» de la alcaldesa, Charo Losa (PSOE), quien, a través de un Decreto de Alcaldía, «ha dejado sin efecto las funciones de representación ciudadana que ostentan los ediles de la Corporación». Una medida contra la que presentaron un recurso potestativo de reposición (previo a la interposición en vía contencioso-administrativa de un Recurso Especial de Protección de los Derechos Fundamentales de las Personas) «porque –consideraban– entra en colisión con los derechos fundamentales de representación, y cercena nuestra obligación de controlar la acción de Gobierno».
En este sentido, los ediles aceptaban que se restringiera la presencia física en las dependencias municipales. «Pero ello debiera llevar implícito la puesta en funcionamiento de otras medidas telemáticas que permitan que podamos llevar a cabo nuestras funciones». Asimismo, denunciaban que desde que fue dictado el decreto «el equipo de Gobierno se ha bunkerizado y nos han eliminado a la hora de adoptar cualquier tipo de medida, que debiera ser consensuada». «Nos parece un gravísimo error y una irresponsabilidad, porque nosotros siempre vamos a apoyar aquello que resulte de interés para los ciudadanos».
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