El juez encarga a Tragsa el derribo del 'Tenis' tras el «incumplimiento» del Ayuntamiento de Laredo

Según ha podido saber este periódico, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha emitido un auto en el que acuerda la ejecución subsidiaria del derribo acordado en sentencia, designando a la empresa pública Tragsa para que lleve a cabo este trabajo.

En un auto de cuatro páginas, la Sala -integrada por los magistrados Rafael Losada (presidente) y Clara Penín y María Esther Castanedo- señala que transcurrido el plazo final otorgado para que el Ayuntamiento procediera al derribo de lo acordado en la sentencia, y constatado el «incumplimiento» por éste de dicha actuación, así como de la obligación de cumplir con los requerimientos de la Sala, «se acuerda que por la entidad pública Tragsa se proceda a la ejecución subsidiaria de la sentencia con cargo al Ayuntamiento de Laredo».

Tras recordar la obligación que pesa de cumplimiento de las sentencias y el deber de colaboración requerida por los tribunales para ejecutar lo resuelto establecido en la propia Constitución (artículo 118), los magistrados afirman que «todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida por los jueces y tribunales de lo contencioso administrativo para la debida y completa ejecución de lo resuelto». Así, la Sala señala que el Grupo Tragsa está formado por tres empresas de capital íntegramente público configurándose en su regulación como medio propio instrumental y de servicio técnico de la Administración, por lo que consideran apropiado la encomienda dirigida a este grupo dados los medios con que cuenta.

Por otro lado, la Sala señala que si bien ordena que el derribo material lo acometa un tercero, «el coste de esta ejecución ha de asumirlo a la postre el condenado, el Ayuntamiento de Laredo». En este sentido, los magistrados requieren al Consistorio para que informe en cinco días (desde la notificación del auto, que se remitió a las partes el pasado lunes 3 de septiembre) sobre los bienes patrimoniales no afectados en uso o servicio público a efectos de proceder a su embargo.

Al mismo tiempo, la Sala requiere al Ayuntamiento para que aporte a la empresa Tragsa, también en el plazo máximo de cinco días, copia del proyecto de demolición y del proyecto de ejecución de la obra. Un mes después de recibir esta documentación se fijará un calendario de ejecución de la obra.

Este nuevo auto se produce seis meses después de que el TSJC ratificara la multa de 150 euros impuesta al equipo de gobierno del PSOE por retrasar el derribo parcial del edificio, y concediera dos meses al Ayuntamiento para iniciar los trabajos de demolición, tenían que comenzar en mayo. La Sala advirtió entonces al Ejecutivo local pejino de que «el incumplimiento de este plazo supondrá la imposición automática de una nueva multa de 150 para cada miembro de la Junta de Gobierno y que se libre testimonio a los efectos de que el juez de guardia instruya las diligencias oportunas».