El juez impone una orden de alejamiento al apaleado en Laredo por acoso a la hija de uno de sus agresores

La decisión del magistrado se produjo el pasado jueves, apenas tres días después de que el abogado de los detenidos, César Polanco, presentara una denuncia contra el hombre. Ese mismo día, agentes de la Guardia Civil procedieron a la detención del supuesto acosador, que en apenas unas horas pasó a disposición judicial. El instructor le tomó declaración, escuchó el testimonio de la menor, y en base a otras pruebas aportadas por los denunciantes, acordó poner al detenido en libertad con cargos, con las obligaciones de presentarse en un juzgado cada quince días y la de no acercarse a la menor de edad, de 14 años, a la que supuestamente ha estado acosando desde hace tiempo.

Este fue precisamente el motivo que llevó a los detenidos a agredir al hombre. Según explicaron los allegados de la menor, el supuesto acosador había sido desterrado por la comunidad gitana de Santoña por comportamientos incívicos y por «perseguir» a otras menores. Al parecer, a la niña de 14 años le compraba flores, le regalaba preservativos y le seguía allá donde iba. «No es una cuestión menor, este acoso iba a acabar en algo muy, muy malo, porque este hombre al que apalearon no responde ante nada, ni ante la ley gitana ni ante nadie», apuntó el abogado de los detenidos, que quiso dejar claro que «si alguno piensa que lo de la niña es por mitigar la agresión, está equivocado».

Fuentes cercanas a la investigación señalaron a este periódico que el hombre que fue apaleado en Laredo compareció ante el juez con la ayuda de una muleta para caminar y con dos visibles cicatrices ubicadas por encima de la frente. Y es que como consecuencia de la paliza sufrió una fractura en el hueso frontal del cráneo, «aunque no derivó en una hemorragia interna». Además, el hombre ha sido operado de una mano, según estas fuentes.

Un día después de presentar la denuncia por acoso a la menor, el abogado de los tres detenidos presentó un escrito solicitando la puesta en libertad de sus clientes, alegando que «no existe riesgo de fuga, dado el arraigo que tienen en estos momentos».

Como se recordará, la jueza que instruye el caso acordó la prisión provisional de tres de los cuatro detenidos porque «existen, cuanto menos, indicios de la comisión de un delito de lesiones con instrumento peligroso sancionado con penas de hasta cinco años de prisión, sin perjuicio de ulterior calificación de los hechos, habiéndose calificado por el Ministerio Fiscal como delito de homicidio en tentativa».

Según la jueza, concurrían «motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito» a los tres investigados, teniendo en cuenta las imágenes aportadas y sus declaraciones, ya que reconocieron «que tienen un conflicto con la víctima y que se encontraron con él el día de los hechos, produciéndose el altercado, admitiendo su participación en los hechos».

La adopción de la medida de prisión viene justificada, además de por la gravedad de los hechos y los indicios de la autoría, porque existe un riesgo de fuga «atendiendo a la pena que pudiera imponerse». «Por otro lado, la medida de prisión provisional también evitará el riesgo de que los investigados atenten nuevamente contra la integridad de la víctima, teniendo en cuenta el problema que relatan y la gravedad de las lesiones y del medio empleado, no siendo suficiente a tal efecto la medida de alejamiento planteada con carácter subsidiario», apuntó la jueza.